Hay ministros que son conocidos, no precisamente por los logros de su gestión, sino por las polémicas que arrastran a lo largo de su carrera política. Entre ellos, Mónica García Egea, ministra de Sanidad, destaca de manera especial. La médico anestesista, que llegó al cargo con un discurso centrado en la defensa de la sanidad pública, no solo no ha logrado dar respuesta a los problemas estructurales que arrastra el sistema sanitario español, sino que desde su aterrizaje en el Ministerio se ha visto envuelta en controversias constantes que han erosionado su imagen pública y su credibilidad.
La última tormenta política y profesional que enfrenta tiene como epicentro el examen MIR, piedra angular del sistema de formación sanitaria especializada en España. Desde el Ministerio se defiende que la reforma planteada busca adecuar el examen a criterios de “representatividad territorial” y reforzar la transparencia en el proceso. Sin embargo, tanto entre profesionales sanitarios como en el ámbito académico se percibe la iniciativa como un cambio profundamente injusto y arriesgado, que de aplicarse no solo degradaría la calidad de la prueba, sino que también supondría un golpe directo a la excelencia del sistema sanitario español, cuya reputación internacional se ha forjado en parte gracias al modelo MIR.
El conflicto no tardó en estallar. El pasado 17 de julio, los miembros del Comité del Examen MIR presentaron su dimisión en bloque como medida de protesta. A esta renuncia colectiva se sumaron poco después los comités equivalentes de otras titulaciones, como Farmacia, Enfermería, Física y Química, lo que convirtió lo que parecía un problema sectorial en una auténtica crisis de confianza generalizada en el sistema de acceso a las especialidades sanitarias.
Desde el Ministerio, la reacción ha sido de contención. Se niega que los cambios pongan en riesgo el nivel de exigencia del examen MIR o el prestigio de la prueba. “Muy al contrario”, señalan fuentes ministeriales, “el Ministerio está trabajando de forma coordinada con equipos expertos y profesionales cualificados para garantizar que se mantenga el más alto estándar técnico y científico en la elaboración y evaluación de la prueba”. Pero la desconfianza entre los médicos es palpable y no parece que las palabras oficiales hayan logrado calmar el malestar.
Una de las modificaciones que más críticas ha despertado es la reducción del número de profesionales médicos encargados de redactar y formular las preguntas. Hasta ahora, el procedimiento era el siguiente: cinco responsables supervisaban un equipo de 15 médicos de distintas especialidades, quienes elaboraban unas 400 preguntas. De ese conjunto, tras un proceso de cribado y selección, se escogían las que finalmente conformaban el examen. Este sistema, aunque complejo, garantizaba una notable diversidad de perspectivas clínicas, un control de calidad riguroso y una mayor seguridad frente a posibles filtraciones.
La reforma del Gobierno plantea que en lugar de 15 médicos haya solo cinco, concentrando en ellos la responsabilidad de redactar todo el examen. Además, se ha anunciado una rebaja en la compensación económica por cada pregunta elaborada: de 15 a 9 euros. Lo que a primera vista puede parecer un ajuste presupuestario menor, en realidad ha sido interpretado por el sector como un gesto de desprecio hacia el esfuerzo, la dedicación y la responsabilidad que implica elaborar una prueba de tan alto nivel técnico y científico.
Numerosos expertos coinciden en que estas reformas no solo restarán calidad a la función selectiva del MIR, sino que también ponen en entredicho la imparcialidad y fiabilidad del proceso. Limitar el número de colaboradores no solo empobrecerá la diversidad de las preguntas —reduciendo la variedad de enfoques y casos clínicos—, sino que aumentará el riesgo de filtraciones, comprometiendo la transparencia y la igualdad de oportunidades entre los aspirantes. En un sistema donde miles de médicos jóvenes se juegan su futuro profesional en una única prueba, cualquier sombra de duda sobre su neutralidad resulta devastadora.
El trasfondo del conflicto, según denuncian asociaciones médicas y sindicatos sanitarios, es aún más preocupante. La reforma se enmarca en un contexto de recortes encubiertos y de precarización de la profesión médica. La reducción del pago por pregunta no es solo una cuestión económica: transmite el mensaje de que el trabajo de los especialistas se infravalora, en un país donde los profesionales sanitarios llevan años denunciando sobrecarga asistencial, salarios poco competitivos y condiciones laborales que empujan a muchos a emigrar.
El MIR, históricamente, había sido considerado un ejemplo de meritocracia y un modelo reconocido fuera de España. La posibilidad de que ese estándar se degrade supone un golpe no solo para los futuros residentes, sino para el prestigio del propio sistema sanitario. Por eso, las voces críticas advierten de que lo que está en juego no es un mero cambio administrativo, sino la esencia misma de un sistema que ha garantizado durante décadas que la selección de médicos residentes se realice en base al conocimiento, el esfuerzo y la igualdad de condiciones.
Con este panorama, la gestión de Mónica García Egea queda cada vez más cuestionada. A la lista de problemas que ya arrastra la sanidad española —listas de espera crecientes, falta de personal, saturación en atención primaria y hospitales, deterioro de la salud mental en profesionales y pacientes— se suma ahora una crisis de confianza en el proceso que define el acceso a la formación médica especializada. Y lo más grave: se percibe que el Ministerio, en lugar de reforzar la calidad y prestigio del sistema, estaría allanando el camino hacia su debilitamiento.
