El 14 de noviembre, el Congreso dio luz verde a una modificación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Este cambio buscaba acelerar los juicios relacionados con ocupaciones ilegales, como el allanamiento de morada y la usurpación. Aunque la reforma prometía una mayor agilidad en los procesos judiciales, no incluía mejoras en los procedimientos penales. Por tanto, los desalojos y desahucios seguirían dependiendo de la complejidad de cada caso. Además de esto, la modificación incluía el fin de la llamada Golden Visa.

Estaba previsto que la reforma entrara en vigor a principios de 2025, pero el veto del Partido Popular en el Senado ha frenado su tramitación. Según el Boletín de las Cortes Oficiales del 2 de diciembre, la mayoría absoluta del PP en el Senado permitió rechazar la propuesta. Esto obliga a que el texto sea devuelto al Congreso para un nuevo debate.

El Partido Popular ha justificado su veto con argumentos técnicos y formales. Según el informe presentado, el texto genera confusión al incluir la tramitación de dos proyectos de ley que afectan a las mismas normas. En palabras del partido: “La mezcla de materias pretende una especie de cheque en blanco para forzar la aprobación de lo no querido […]. Es aconsejable trabajar de forma separada e independiente en cada texto legislativo para su posterior tramitación por las Cortes Generales”.

Con este veto, el futuro de las medidas propuestas, incluyendo la agilización de los desalojos, queda en suspenso, marcando un nuevo enfrentamiento político sobre la regulación de la ocupación y otros temas sensibles en la agenda legislativa.