Como tantas veces, buena parte de la población opina sin conocimiento. El viejo dicho —mejor estar callado y parecer idiota que abrir la boca y confirmarlo— debería aplicarse con más frecuencia, con independencia del nivel de estudios, la clase social o la afinidad política. Existe una tendencia casi universal a hablar más de lo que se sabe o, peor aún, a sentar cátedra sobre asuntos que no se comprenden, con el consiguiente riesgo de caer en el ridículo. Y resulta especialmente llamativo que, en no pocas ocasiones, quienes menos dominio tienen sobre un tema proyecten una seguridad casi incuestionable, en una manifestación clara de lo que describieron David Dunning y Justin Kruger.
Uno de los ámbitos donde este fenómeno es particularmente evidente es el de la industria farmacéutica. Ni siquiera muchos profesionales sanitarios comprenden plenamente su funcionamiento, y con frecuencia se presenta como un actor moralmente sospechoso, acusado de lucrarse con la enfermedad o de no ofrecer gratuitamente medicamentos que salvan vidas. Sin embargo, se olvida un punto básico: la industria farmacéutica es, ante todo, una industria. Un negocio, como lo son el sector alimentario o el textil. Y, como en cualquier actividad económica, pueden existir prácticas discutibles, pero el problema en este caso parte de una confusión más profunda.
Existe la creencia, tan extendida como simplista, de que el hecho de que los medicamentos curen implica que deberían ser gratuitos. Este planteamiento no solo es erróneo, sino que revela una comprensión muy limitada tanto de la ciencia como del funcionamiento de los sistemas económicos. La raíz del problema está en atribuir a las empresas privadas responsabilidades que no les corresponden, mezclando indebidamente el papel de la industria con el del Estado.
Desarrollar un fármaco no es un acto de filantropía, sino el resultado de un proceso largo, altamente regulado y extraordinariamente costoso. Los plazos medios desde la idea inicial hasta la comercialización se sitúan en torno a los 14 años (Paul et al., 2010). Durante ese tiempo se invierten miles de millones de euros, con una elevada probabilidad de fracaso. De hecho, la mayoría de los proyectos nunca llegan a convertirse en medicamentos disponibles. Este riesgo económico, asumido en gran medida por capital privado, es precisamente lo que hace posible la innovación.
Pretender que las compañías farmacéuticas “regalen” sus productos por el hecho de ser necesarios implica ignorar los costes de investigación, desarrollo, fabricación y regulación. Que un bien sea esencial no elimina su coste. Del mismo modo que no se responsabiliza a un restaurante de la existencia del hambre por no ofrecer comida gratuita, tampoco tiene sentido exigir a una empresa privada que resuelva, por sí sola, problemas estructurales de acceso a la salud.
El punto clave es, de nuevo, la confusión de roles. La provisión de bienes esenciales, cuando se considera necesaria, es una función del Estado. Son los poderes públicos quienes, a través de los impuestos, deben decidir qué servicios se financian y en qué condiciones. Nadie exige a un hotel que aloje gratuitamente a personas sin hogar; en cambio, el Estado puede financiar albergues o contratar servicios privados para cubrir esa necesidad. En el ámbito sanitario ocurre lo mismo: la responsabilidad de garantizar el acceso a los medicamentos recae en las políticas públicas, no en las empresas que los desarrollan.
Desde el primer estudio en humanos hasta la aprobación regulatoria, el desarrollo clínico de un fármaco suele prolongarse alrededor de una década —más en áreas como la terapia génica— y se estructura en varias fases de ensayos clínicos. La probabilidad de éxito desde la Fase I hasta la comercialización ronda el 10%, lo que significa que nueve de cada diez proyectos fracasan tras haber absorbido recursos considerables (Roland et al., 2024; Smietana et al., 2016).
Cuando se analizan los costes, la realidad es igualmente reveladora. El coste directo medio de desarrollo de un fármaco se sitúa en torno a 172,7 millones de dólares, aunque varía según el área terapéutica. Sin embargo, si se incorporan los proyectos fallidos, el coste por medicamento aprobado asciende a más de 500 millones. Y si se añaden los costes de capital —es decir, el coste de oportunidad del dinero invertido durante años—, la cifra puede superar los 800 millones de dólares, con grandes variaciones entre áreas.
Todo ello ocurre, además, en un contexto en el que la industria ha incrementado de forma significativa su inversión en I+D, incluso en periodos de menor crecimiento comercial. Entre 2008 y 2019, la intensidad de inversión en investigación aumentó de forma notable, lo que refleja no tanto un sector de beneficios fáciles, sino una actividad altamente exigente en términos de capital, riesgo y tiempo.
En conjunto, estos datos apuntan a una realidad que a menudo se ignora en el debate público: el desarrollo farmacéutico es una actividad de alto riesgo, intensiva en inversión y con resultados inciertos. Simplificar este proceso y trasladar la responsabilidad del acceso a los medicamentos exclusivamente a las empresas no solo es conceptualmente erróneo, sino que conduce a diagnósticos equivocados. La cuestión del acceso a la salud pertenece al ámbito de las políticas públicas y de los sistemas de financiación sanitaria, no a la demonización simplista de la innovación privada.
