El precio de la vivienda en España vuelve a subir con fuerza. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 aumentó un 12,7%, el mayor incremento desde 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
No se trata de una subida puntual. Desde 2015 el precio de la vivienda ha aumentado cerca de un 80%, mientras que los salarios apenas han crecido en la misma proporción. La consecuencia es cada vez más visible: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte enorme de su sueldo al alquiler o a la hipoteca y barrios donde quienes trabajan ya no pueden permitirse vivir.
Parte del problema está en que la vivienda se ha convertido en un producto de inversión. Fondos de inversión, grandes propietarios y capital extranjero compran viviendas, especialmente en zonas turísticas y grandes ciudades, no para vivir en ellas sino para obtener rentabilidad. Cuando la vivienda se trata como un activo financiero, los precios dejan de responder a las necesidades de quienes viven y trabajan en esas ciudades.
Esta situación no se ha producido por casualidad. Las decisiones políticas también han tenido mucho que ver ya que durante décadas, distintos gobiernos han aprobado leyes, incentivos fiscales y regulaciones que han favorecido la compra de vivienda como inversión y han permitido que el mercado inmobiliario funcione cada vez más como un espacio de especulación.
Mientras tanto, las medidas para proteger el acceso a la vivienda de la mayoría social han sido mucho más limitadas y España sigue teniendo uno de los parques de vivienda pública más pequeños de Europa: apenas alrededor del 2% del total, muy lejos de países donde la vivienda social forma parte central de la política residencial.
Por eso cada vez se habla más de aplicar medidas para frenar la especulación. Algunas pasan por regular los precios del alquiler en zonas tensionadas, evitar subidas abusivas y garantizar que quienes trabajan en una ciudad puedan vivir en ella. Otras propuestas plantean gravar más las operaciones especulativas o aplicar impuestos adicionales a la compra de vivienda por parte de no residentes en determinadas zonas donde la presión del mercado es especialmente fuerte.
También se plantea aumentar de forma importante la vivienda pública. Sin embargo, para que esto funcione, muchos expertos coinciden en que hay que evitar repetir errores del pasado.Recordemos que durante años se construyeron viviendas protegidas que, pasado un tiempo, pudieron venderse en el mercado libre por precios mucho más altos. Ello, permitió que algunos propietarios terminaran haciendo negocio con viviendas construidas con dinero público. Por eso cada vez gana más fuerza la idea de que la vivienda pública debe mantenerse protegida de forma permanente y que no pueda venderse en el mercado libre ni convertirse en objeto de especulación.
En definitiva, el debate es bastante claro: decidir si la vivienda seguirá siendo un negocio para unos pocos privilegiados o si volverá a ser un derecho para la mayoría trabajadora.
