En un reportaje anterior, explicábamos que España no está sobredimensionada en número de empleados públicos respecto a la OCDE. Ahora toca añadir una pieza más al puzzle.
Si sumamos el gasto en empleo público directo (nóminas de funcionarios y personal laboral) y el indirecto (conciertos educativos, sanidad concertada, organismos públicos empresariales), España destina en 2025 alrededor del 18,2% del PIB mientras que la media de la OCDE ronda el 22,1%. Es decir, en términos agregados, no estamos por encima. De hecho, países como Dinamarca, Francia o Bélgica dedican porcentajes superiores de su riqueza al sostenimiento del empleo público.
El giro aparece cuando dejamos de mirar solo el porcentaje del PIB y lo cruzamos con la renta per cápita. Porque el esfuerzo real no lo mide únicamente cuánto representa el gasto en empleo público sobre la economía, sino cuánto pesa sobre cada ciudadano. España tiene una renta per cápita inferior a la media de la OCDE. Eso significa que, aunque dediquemos un porcentaje menor del PIB al empleo público, el esfuerzo fiscal que realiza el contribuyente medio es mayor que en países más ricos, incluso aunque estos tengan más empleados públicos en proporción.Dicho de otra forma: no es que gastemos más en empleo público, es que somos relativamente menos ricos para sostener lo que gastamos.
Este matiz es clave en un debate que suele simplificarse. Plantear el ajuste en términos de <<recortar funcionarios>> puede resultar políticamente vistoso, pero económicamente puede ser miope. Reducir empleo público no solo afectaría a servicios esenciales, sino que también tendría impacto en el empleo privado a través de la reducción de la demanda interna.
El verdadero debate no debería centrarse únicamente en el tamaño del sector público, sino en la capacidad de la economía española para generar más renta y más productividad. Si la renta per cápita crece, el mismo nivel de gasto público supone un esfuerzo relativo menor.
España no está desbordada en empleo público frente a la OCDE, lo que arrastra es una brecha de renta que convierte cada punto de gasto público en un sacrificio mayor para sus ciudadanos.
Por lo tanto, la cuestión de fondo no es solo cuántos empleados públicos tenemos, sino por qué seguimos generando menos riqueza por habitante que buena parte de nuestros socios europeos. Ahí está la verdadera discusión.
