El debate fiscal en España está mal enfocado. No es subir impuestos o bajarlos, sino que el debate real es a quién se les sube y a quién se les baja. Y hay un dato estructural que condiciona toda la discusión: España no tiene soberanía monetaria, por lo que no emite su propia moneda, ni puede devaluarla, ni puede financiar gasto público a través de su banco central. Así que, dentro del euro, si España necesita financiar el Estado social, solo puede hacerlo vía impuestos o deuda pública. Por lo tanto, en el caso que España use la vía impuestos para financiarse, no significa que esos impuestos tengan que caer siempre sobre salarios y autónomos. Esa es la trampa política.
Aquí entra el dato: España no es un país con impuestos bajos. La presión fiscal pura (impuestos y cotizaciones como porcentaje del PIB) está prácticamente donde está Europa. La media simple por países de la UE es 37,8% y España está en 37,3%. Sí: estamos un poco por debajo, pero hablamos de una diferencia mínima, por lo que podemos afirmar que estamos en la zona media.
La diferencia aparece cuando introducimos la variable clave: la capacidad real de pago. Si (para calcular el esfuerzo fiscal) comparamos la presión fiscal con el poder adquisitivo del PIB per cápita, España sale peor parada que el resto de países europeos. El esfuerzo fiscal medio europeo así calculado es 0,585 y el español es 0,655, es decir, un 11,95% más. Ello nos lleva a señalar que pagamos prácticamente como Europa, pero nos cuesta más pagarlo. Esa es la realidad que nadie quiere sacar a portada.
El problema no es cuánto recauda España sino es de dónde lo recauda. Se recauda donde es fácil políticamente: nóminas y pequeños autónomos, esto es de gente que no puede eludir, que no puede diferir ingresos y que no puede mover capital a Luxemburgo o a Holanda con una estructura societaria opaca. Mientras tanto, rentas del capital improductivo, beneficios extraídos sin aportar productividad real o estructuras patrimoniales altamente optimizadas siguen teniendo un trato fiscal mucho más favorable.
Una fiscalidad más justa no consiste en elevar la carga a asalariados y autónomos, sino en corregir el déficit histórico de tributación del capital y de las rentas especulativas financieras. Si se quiere sostener un Estado social sólido, es lógico que el esfuerzo fiscal no recaiga sobre quien vive de trabajar, sino sobre quien acumula riqueza sin producirla.
