Claro, aquí tienes una nota de prensa redactada con otras palabras y un titular contundente:
El hasta ahora comisionado del Gobierno para la gestión de la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla, ha presentado su dimisión tras hacerse público que accedió a la función pública con un título universitario falso. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra él por un presunto delito de falsedad documental, después de que la Agencia Valenciana Antifraude detectara irregularidades en el diploma que presentó para promocionar dentro de la Diputación de Valencia en los años ochenta.
El documento en cuestión, fechado en 1983, hace referencia a una supuesta diplomatura en Archivística y Biblioteconomía de la Universitat de València, pese a que dicha titulación no existía en esa época, ya que no fue ofertada oficialmente hasta 1990. El caso se encuentra bajo investigación judicial tras una denuncia anónima que destapó el escándalo.
Ángel Batalla, que también ha renunciado a su cargo como presidente del PSPV-PSOE en la Vall d’Albaida, se defiende alegando que el acceso a su plaza de funcionario no requería titulación universitaria, aunque no ha podido justificar la autenticidad del diploma utilizado posteriormente en su carrera profesional.
La polémica ha generado un profundo malestar político. El Partido Popular ha exigido al Gobierno la devolución inmediata de los sueldos cobrados si se confirma el fraude, mientras que desde su formación se lamenta la “utilización mediática y partidista” del caso.
El Ejecutivo ha anunciado que la responsabilidad del comisionado será asumida de forma interina por Zulima Pérez, quien ya coordinaba el comité de expertos encargado de las tareas de reconstrucción tras la catástrofe natural que azotó el sureste peninsular en noviembre de 2024.
Este nuevo caso reabre el debate sobre la verificación de méritos académicos en la administración pública y la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar el uso fraudulento de titulaciones inexistentes.
