A inicios de febrero, el Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó su informe sobre la evolución del desempleo en España. En estas fechas, el informe presenta especial interés ya que la finalización de la campaña de navidad permite saber hasta qué punto es real o ficticia la clásica subida navideña de los datos de ocupación. En esta ocasión, se ha registrado un aumento del desempleo en un total de 60.404 personas, lo que viene a ser un 2,2%.
Si bien la subida registrada es inferior a la del año precedente, 2023, cuando fue de 70.744 personas, es muy superior a la de 2022, cuando se registraron únicamente 17.173 desempleados más. No obstante, por lo que podemos comprobar se trata de datos muy similares a las del año anterior, lo cual invita a pensar que seguimos estando en la misma horquilla de cifras que cada año pueden mostrarse ligeramente superiores o inferiores, exceptuando el citado 2022.
Como le encantaba decir al desventurado ex Ministro de Consumo Alberto Garzón, las estadísticas están para retorcerlas hasta que digan lo que nosotros deseamos, por lo que siguiendo esta máxima el Gobierno de España ha aprovechado la ocasión para poner el acento en lo que se supone que son unas cifras positivas, y así celebrarlo. En este sentido, el Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, manifestaba que esta subida era «una de las más livianas de la serie histórica, mientras que a su vez el Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, optaba por quitar hierro a la caída del registro de afiliados a la Seguridad Social, el cual está en la media de los años anteriores, recordando que ello se debe a la estacionalidad.
Lo cierto es que una de las prioridades que cabía esperar del gobierno más progresista de la historia, trabajar en el elevado desempleo estructural que presenta la economía española, sigue sin ser abordada. Estos días, el Banco de España manifestaba por voz de Ángel Gavilán, su director general de Economía y Estadística, que pese a que se espera una recuperación gradual en el empleo en nuestro país para los próximos años, las cifras de desempleo van a seguir siendo mucho más altas de las de la media europea, además de señalar los altos niveles de deuda y déficit de las administraciones públicas españolas.
En el capítulo relativo a las ayudas europeas, España ya ha solicitado el cuarto pago de los fondos europeos por un valor de 10.000 millones de euros, pendientes de cerrar la reforma laboral solicitada como requisito de los burócratas de Bruselas. De no hacerlo ―recordemos que el último intento se saldó con fracaso por el voto en contra de la mayoría de diputados del Congreso, incluyendo los de Podemos, en cuyo caso debido a que el paquete colaba una medida lesiva para los futuros pensionistas consistente en un recorte gradual en la base de cotización de los subsidios por desempleo― existiría el riesgo de que dichos fondos se recorten en 700 millones de euros.
En enero de este año, el diario ABC informaba de que únicamente el 63% de las ayudas llegadas de la UE se habían ejecutado, a falta de un año para agotarse el plazo. Tras este retraso están la lenta gestión burocrática de la administración pública española de los mismos y la inestabilidad gubernamental presente desde el pacto de investidura, entre otros motivos que entorpecen la aplicación de fondos. Al final del todo, un cóctel explosivo que aúna e interrelaciona altas cifras de desempleo, burocracia, dependencia del yugo de la UE, crisis de gobierno y enfrentamientos partidistas que terminan pagando las clases más desfavorecidas de nuestro país.