El Gobierno de España ha anunciado que invertirá 1,7 millones de euros en proyectos de “empoderamiento de mujeres rurales” en Egipto. La iniciativa, canalizada a través de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), se centrará en la capacitación tecnológica en Luxor, el impulso de la agricultura sostenible en Asuán y la creación de entornos laborales libres de acoso y violencia.
El embajador español en El Cairo, Álvaro Iranzo, defendió la medida afirmando que “la igualdad de género está en el corazón de la política exterior feminista española”. Desde el Ejecutivo egipcio, por su parte, se alabó la cooperación bilateral y los “avances hacia la igualdad de la última década” en el país norteafricano.
Sin embargo, la decisión levanta polémica. España atraviesa una coyuntura marcada por carencias en servicios básicos, falta de recursos para la atención a la dependencia, recortes en sanidad y un creciente problema de pobreza infantil. Ante esta realidad, la pregunta es inevitable: ¿por qué destinar millones al extranjero cuando tantas necesidades urgentes se acumulan dentro de nuestras fronteras?
Además, las cifras oficiales ponen en duda la eficacia de estas inversiones. En Egipto, la participación laboral femenina apenas alcanza el 21%, mientras que la práctica de la mutilación genital femenina se mantiene en un alarmante 86% entre mujeres casadas de 15 a 49 años. Resulta difícil pensar que un programa español de 1,7 millones vaya a revertir una problemática tan profunda, estructural y cultural.
Mientras se alardea de “política exterior feminista”, muchos ciudadanos perciben esta ayuda como un gesto ideológico de cara a la galería, más orientado a reforzar la imagen internacional del Gobierno que a resolver problemas reales, tanto en Egipto como en España.
