La crisis de la vivienda en España no es un fenómeno inevitable ni una desgracia caída del cielo. Así, como tampoco es un problema técnico imposible de resolver. Los datos oficiales muestran algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más incómodo: en España la vivienda no ha sido una prioridad política.
Según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda, España destina 34 euros por habitante al gasto en protección social de vivienda. No se trata de una estimación ni de una opinión, sino de gasto público efectivo. La comparación con Europa resulta contundente. La media de la Eurozona se sitúa en torno a los 160 euros por persona, casi cinco veces más. Países como el Reino Unido superan los 400 euros por habitante; Irlanda invierte más de 330, y Francia, Alemania o los países del norte de Europa también se encuentran muy por encima de España.
Estos datos no responden a un año aislado, sino a una media acumulada durante más de una década. Esa trayectoria explica por qué España cuenta hoy con uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa. Apenas entre el 2,5 % y el 3 % del total de las viviendas se destinan al alquiler social, frente a una media europea cercana al 9 %. Las consecuencias son evidentes: alquileres inasumibles, jóvenes expulsados de sus barrios y familias obligadas a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un techo.
Con frecuencia se repite que no hay dinero o que no se puede hacer más. Sin embargo, los propios presupuestos públicos desmienten ese relato. Dinero hay, pero se dirige a otras prioridades. Existen recursos para rescates empresariales, grandes contratos, estructuras administrativas sobredimensionadas, proyectos ideológicos y para sostener privilegios políticos. Lo que no existe es una apuesta sostenida y ambiciosa por la vivienda como un derecho básico.
El Gobierno de coalición, y en particular el PSOE, insiste en presentarse como defensor de la gente común, pero cuando se analizan los números ese discurso pierde credibilidad. Si durante años se hubiera invertido en vivienda social a niveles similares a los europeos, la situación actual sería muy distinta. No es una cuestión ideológica ni un debate abstracto, sino el resultado de decisiones presupuestarias repetidas año tras año.
La vivienda no se garantiza con anuncios, promesas o declaraciones bienintencionadas. Se garantiza con inversión pública sostenida y con una política clara que priorice a la mayoría social frente a intereses y privilegios de unos pocos. Mientras eso no cambie, la crisis de la vivienda seguirá siendo la consecuencia lógica de una elección política consciente.
