Hace unas pocas semanas, desde el gobierno de los Estados Unidos, España pasaba a ser considerada como segundo nivel, en una escala de cuatro, en materia de potencialidad terrorista y disturbios civiles. Según el propio gobierno los turistas que quieran viajar hasta nuestro país deben de «extremar la precaución» con tal de evitar sufrir un atentado terrorista o algún episodio de disturbios civiles. Con estas palabras la web del Departamento de Estado presenta a nuestro país, en el que destacan que los terroristas pueden llegar a actuar con «poca o ninguna advertencia», además de atacar objetivos como «lugares turísticos, aeropuertos y estaciones de tren, instalaciones gubernamentales, hoteles o principales eventos deportivos y culturales». La advertencia no solo acaba ahí, si no que la propia web también alerta que hay manifestaciones habituales, especialmente motivadas por «cuestiones políticas o económicas», pudiendo desarrollarse como «festividades políticamente significativas» y durante «acontecimientos internacionales».
Las preocupaciones por estos posibles incidentes no son exclusivas del país norteamericano, sino que otros países como Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Japón o Irlanda destacan especialmente sus advertencias sobre el terrorismo, pequeñas manifestaciones o movilizaciones y el aumento de los hurtos u otro tipo de delitos. Pese a que los estándares de peligrosidad tampoco son los más altos del mundo destaca especialmente la posibilidad de producirse atentados.
Nuestro país lleva en estado de alerta antiterrorista desde 2015, más de 10 años, lo que la hace uno de los países con más tiempo consecutivo manteniendo este nivel de alerta. Antes de acabar 2024 el Ministerio del Interior decidió implementar una serie de medidas adicionales dentro de la alerta 4, con el fin de protegerse ante un atentado, y motivado por los ataques terroristas en Europa que se han sufrido en los últimos meses junto con las tensiones internacionales derivadas del conflicto entre Israel y Hamás.
Entre las medidas adoptadas se intensificó el trabajo policial y la vigilancia sobre las embajadas y consulados, especialmente entre algunos países como Israel, Palestina, Turquía, Francia, Estados Unidos, Suecia y Dinamarca, considerados como posibles objetivos sensibles. De igual manera se blindó la protección de infraestructuras estratégicas, ya fuesen en instalaciones económicas, culturales, educativas y religiosas relacionadas con estos países. Los eventos religiosos también fueron objeto de este reforzamiento, especialmente en fechas señaladas como la Navidad, Año Nuevo, Semana Santa o cualquier festividad que implicase la salida masiva de gente a las calles de nuestro país.
Por último, esta alarma también incluye un dispositivo de autoprotección de fuerzas de seguridad, ya sea Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y policías locales, así como las empresas de seguridad privada. Todas estas medidas sirven para intentar reforzar la seguridad en nuestro país, especialmente por el miedo a que se repitan atentados como los sucedidos en 2004 o 2017.
En Francia existe una situación aún más alarmante. Recientemente los servicios de inteligencia franceses publicaron un informe en el que se alertaba de la situación sobre el islamismo dentro del país y la gran influencia que habían ejercido los Hermanos Musulmanes dentro de la sociedad francesa y la comunidad islámica del país. El propio informe señala que este grupo, todavía minoritario, ha conseguido imponer su agenda al conjunto de los musulmanes de Francia, una agenda cuyo fin último es instaurar la ley islámica, la sharía. Los tentáculos de los Hermanos Musulmanes han podido extenderse gracias a la financiación que reciben de países como Qatar, Kuwait o Arabia Saudita. Con esta capacidad económica han podido crear mezquitas e ir apoderándose de las ya existentes, pero el informe también destaca su penetración en otros ámbitos culturales como los centros educativos, clubes deportivos y asociaciones culturales.
Las reacciones frente a este informe fueron dispares. Por un lado, la izquierda calificó esta información como un intento del Ejecutivo francés de abrazar las tesis de la extrema derecha de Marine Le Pen y de querer «desencadenar una cruel inquisición». Los partidos de la derecha apostaron por la ilegalización de este tipo de organizaciones, mientras que figuras políticas del gobierno de Macron alegaban la incompatibilidad de los valores de la sharia con la sociedad francesa.
En definitiva, tanto en España como en países cercanos a nosotros como lo es Francia la situación respecto al islam y el control de la inmigración son uno de los temas más importantes dentro de la sociedad. Lejos de intentar buscar soluciones los problemas derivados de ambos gobiernos están facilitando la proliferación de este tipo de amenazas que suponen un peligro real para nuestras sociedades, pudiendo transformar radicalmente la estructura de la misma hasta convertirnos en países islámicos.
