El pasado 26 de marzo el parlamento de Estonia, conocido como Riigikogu, aprobó una reforma constitucional, para arrebatar el derecho de voto municipal a algunos de sus ciudadanos. En concreto, a aquellos de países extracomunitarios y apátridas residentes en el país. Una mayoría abrumadora dio luz verde al recorte de derechos, con 93 votos a favor y 7 en contra. Esto afecta principalmente a rusos y bielorrusos que no poseen la nacionalida; tienen una situación especial de ciudadanía «indefinida», y se les se ve como un instrumento de influencia política de Rusia y Bielorrusia. Con una población de 1,3 millones de habitantes, la reforma afectará a unas 83.000 personas, el 6% de la población. El opositor del Partido del Centro, Vladimir Arhipov, declaró que esta medida está dirigida contra oponentes políticos y apátridas leales a Estonia. 

Para entender mejor esta cuestión tenemos que remontarnos siglos atrás. El territorio que hoy ocupa Estonia fue escenario de las luchas entre los imperios sueco y ruso durante mucho tiempo. Tras la Gran Guerra del Norte y mediante el Tratado de Nystad de 1721, el territorio dominado por los suecos pasó a manos rusas. Tras la revolución bolchevique de 1917, las fuerzas nacionalistas estonias tomaron el control del territorio apoyados primero por el Imperio Alemán hasta la revolución de noviembre de 1918, Y después por el Imperio Británico y Finlandia. Estonia se mantuvo independiente hasta 1940, cuando la Unión Soviética ocupó el país después del Pacto Molotov-Ribbentrop (1939). Se formo en ese momento la República Socialista Soviética de Estonia (RSSE). El país había estado gobernado desde 1934 por el dictador nacionalista Konstantin Pats, hostil a la URSS. De hecho numerosos nacionalistas estonios se unieron a las tropas alemanas durante la invasión a la URSS, formando la 20.ª División de Granaderos de las SS. La RSSE existió hasta 1991, año en el que Estonia se independizó durante la descomposición de la URSS.

A simple vista puede parecer lógico que aquellos que no poseen la nacionalidad no puedan votar, pero el caso estonio es más complejo. La minoría étnica rusa en Estonia constituye el 23,6% de la población según el censo de 2021 de las estadísticas oficiales de Estonia. En algunas ciudades como Narva son más del 90%. La presencia rusa se debe a un pasado histórico común, al menos desde 1721. Muchos rusos se asentaron en Estonia desde entonces, especialmente durante la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Además durante el periodo soviético el ruso era la lengua vehicular, por lo que incluso en la actualidad muchos estonios lo hablan. Según el Censo de Población de 2021, el ruso es la lengua materna del 29% de la población y el 38% lo tiene como segunda lengua.  

En 1992, tras la independencia, se restauro la Ley de Ciudadanía de 1938, vigente durante la dictadura nacionalista de Konstantin Pats; se basaba en el ius sanguinis. Se garantizó la ciudadanía a aquellas personas que ya la tuvieran antes de 1940 y sus descendientes. Miles de personas de origen ruso que habían nacido en Estonia, o que descendían de personas nacidas en el país, quedaron marginadas. Pasaron a tener un estatus de «no-ciudadanos». A las personas que tenían la ciudadanía soviética se les ofreció tres opciones: naturalizarse, registrarse como ciudadanos rusos, o una ciudadanía «indefinida». La imposibilidad de tener doble nacionalidad sumada a la dificultad del idioma, del que se exige un dominio absoluto, ha hecho que sigan existiendo muchos «no-ciudadanos» y muchos rusos residentes en Estonia, que han nacido o descienden de personas que ya vivían en el país. Los que no poseen  nacionalidad tienen un pasaporte extranjero, conocido por su color como pasaporte gris. Un 6% de la población se encuentra en esta situación. Este documento ofrece limitaciones para viajar y la imposibilidad de votar en las elecciones parlamentarias, presidenciales y europeas. Hasta la reforma constitucional sólo podían votar en las elecciones municipales. 

Los partidarios de esta reforma constitucional, al suprimir los derechos políticos del 6% de la población, ven más fácil cumplir con sus objetivos, cómo el hacer desaparecer la lengua rusa de la educación por completo en 2030. Al igual que cuando se censuraron los medios de comunicación rusos, todo esto se hace bajo el pretexto de la amenaza rusa.

La Unión Europea, tan preocupada por algunas minorías étnicas, no parece muy afectada por los recortes de derechos de uno de sus estados miembros.