Estos despidos se realizarán en 60 ciudades y, según la empresa, son imprescindibles para evitar el cierre.
El pasado miércoles, la plataforma de “delivery” Glovo anunció que prescindiría de 750 de sus empleados de distribución o “riders”. Por ello, ya ha comunicado a los sindicatos su intención inminente de poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 750 repartidores.
La empresa Glovo fue considerada el “unicornio” dentro de las startups españolas, además de un “ejemplo” de emprendimiento de éxito. Glovo nació en Barcelona en 2014, fundada por dos jóvenes que idearon la plataforma como un servicio de entrega más allá de los productos de restauración. La idea surgió como una plataforma de “anything delivery”, no solo comida, sino cualquier producto que pudiera transportarse rápidamente.
La empresa fue creciendo, pasando por múltiples rondas de financiación de grandes fondos, lo que permitió su expansión internacional. En 2022 pasó a formar parte del grupo alemán Delivery Hero, uno de los gigantes mundiales del reparto a domicilio. En la actualidad, Glovo está presente en más de 25 países de toda Europa y algunos de África. Aunque en su momento esta empresa llegó a valorarse en torno a los 1.000 millones de dólares, la rentabilidad en los últimos tiempos se ha visto más comprometida.
La empresa ha tenido una expansión ultrarrápida, en la que han tenido un peso importante la tecnología y la innovación a través de dark stores, microalmacenes urbanos y optimización algorítmica de rutas.
El conflicto que motiva este ERE surge por el uso masivo del modelo de “falsos autónomos”, mediante el cual Glovo clasificaba a los riders como trabajadores independientes en lugar de asalariados. Hasta que en 2021 la Ley Rider estableció que los repartidores de plataformas debían ser asalariados. Por ello, tanto el Ministerio de Trabajo como los tribunales conminaron a la empresa a aplicar esta ley, bajo amenaza de sanciones y multas. La empresa acumuló durante años sentencias y procesos legales. Por ejemplo, en una inspección de Trabajo, un juez solo en Barcelona condenó a Glovo por 3.572 casos.
Las autoridades laborales y los tribunales españoles determinaron que estos repartidores debían ser empleados por cuenta ajena, lo que generó un choque frontal con la empresa. Pero la empresa optó por pagar las multas, de cuantías millonarias, ya que le compensaba con los beneficios obtenidos, acumulando sanciones y pagos debidos a la Seguridad Social mientras seguía incumpliendo la ley.
La situación se agravó cuando, en 2024, el CEO de Glovo fue citado a declarar por un delito contra los derechos de los trabajadores, lo que llevó a la empresa a renunciar oficialmente a su modelo de falsos autónomos.
Por tanto, en diciembre de 2024 la empresa, ante la insostenible situación, no tuvo más remedio que anunciar la transición al modelo de asalariados. Esto generó ciertas dudas entre los sindicatos sobre el proceso de implementación, que efectivamente fue bastante caótico y con múltiples irregularidades. En el caso de España, los cambios llegaron tarde y de forma parcial, con denuncias y quejas por parte de los trabajadores, que señalaron que con el nuevo modelo de contratación se producían cambios de horario sin aviso, cálculos salariales opacos y problemas con la Seguridad Social.
A ello se unieron condiciones laborales ya deficientes, como la falta de transparencia en el historial de pedidos y propinas, el cálculo “confuso” del kilometraje que les perjudica o la falta de equipos de protección adecuados en condiciones extremas. También siempre ha habido quejas por el uso de vehículos propios no cubiertos ante averías u otros problemas.
El proceso hacia el nuevo modelo tuvo unos costes elevadísimos, que se estiman en 100 millones de euros. La propia empresa declaró en su día que el proceso estaba siendo “más complicado de lo esperado”. Al margen de las intenciones de la empresa, la administración española y su burocracia tampoco facilitan demasiado los procesos.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, planteó la lucha contra Glovo casi como una batalla personal y un éxito político, llegando incluso a declarar en RTVE: “La batalla contra Glovo la hemos ganado”. Ciertamente, su ministerio tuvo un peso clave en la Ley Rider, que se aprobó como Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo. La normativa se adelantó a la directiva en la que estaba trabajando la UE respecto a este tema. Concretamente, la Directiva UE 2024/2831, aprobada en 2024, que daría lugar a la denominada “Ley Rider europea”, inspirada en la española.
Los repartidores recibieron esta nueva regulación con optimismo y se vio como una mejora en la relación con su empleador. Pero posteriormente sus consecuencias no han sido tan positivas. Algún colectivo de riders, aunque valora una situación de mayor regularidad, denuncia que no se han visto mejoras tan claras en su remuneración. Señalan que el punto clave está en las cotizaciones sociales, que incrementan los costes de la empresa sin que se traduzcan en salarios más altos. Denuncian además cuatro años y medio de subidas del impuesto al trabajo. Como consecuencia, los costes de personal de Glovo se han incrementado de forma exponencial, derivando finalmente en despidos masivos.
Otro escándalo al que se ha enfrentado esta empresa se produjo en Italia. La Fiscalía de Milán ordenó una medida de control judicial contra la filial de Glovo en ese país, Foodinho SRL, y contra su administrador único, de nacionalidad española. En la acusación se denuncia que esta compañía operaba bajo un sistema de contratación “en condiciones de explotación” que se aprovechaba del estado de necesidad de sus empleados, siendo estos en su mayoría extranjeros. En España no hay denuncias de este tipo, pero podría darse una situación similar.
Glovo opera en más países y se ha enfrentado a conflictos y problemas en muchos de ellos. Destaca el caso de Italia, donde ha sido investigada por condiciones laborales y seguridad, o el de Georgia y otros países del Este, donde se han sucedido las protestas de los riders por las bajas tarifas recibidas. Pero es en España donde la situación es más crítica, ya que la Seguridad Social reclama 450 millones de euros. Esto ha llevado incluso a Delivery Hero, su matriz, a plantear si Glovo puede seguir operando en España.
Este contexto financiero obliga a la empresa a reducir costes. Por ello, ya inició una política de reducción de ciudades en las que se ofrece el servicio, cerrando actividad en más de 50 ciudades antes del ERE. Esto implica una reducción progresiva de personal y un ERE encubierto, que se complementa con el anuncio esta semana de nuevos despidos.
El cierre también podría tener un impacto indirecto en otros comercios y locales, ya que el riesgo de salida del mercado español afectaría a más de 50.000 comercios asociados. En el caso de algunos pequeños negocios, esto podría tener un impacto notable. Aunque la sede en España intenta evitar el cierre con medidas como estas, el futuro no está claro.
