Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta con la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, han desmantelado una trama de blanqueo de capitales en la que estaría implicado Gabriel Obiang, ministro de Guinea Ecuatorial e hijo de Teodoro Obiang, presidente del país.

Esta red criminal habría blanqueado desde Mallorca más de diez millones de euros con origen en obra pública de Guinea Ecuatorial, gracias a un complejo entramado societario internacional. 

En el marco de la causa judicial abierta, ocho personas se encuentran imputadas, de ellas dos detenidas incluyendo al considerado organizador de la trama, un ciudadano holandés residente en Palma, por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal vinculados con actividades de corrupción en los negocios internacionales.

Investigación financiera inicial

La operación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Baleares, denominada «Run out», arranca a principios del año 2021, con conexiones con una investigación penal que paralelamente se había iniciado en Portugal en relación con una empresa constructora lusa y su actividad de obra pública en Guinea Ecuatorial. La Polícia Judiciária había llevado a cabo 21 registros domiciliarios, incautando abundante documentación, y se había iniciado investigación penal sobre cuatro personas físicas y una sociedad.

Los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera en España iniciaron, a su vez, una investigación financiera sobre el considerado organizador de la trama. Tras un año de indagaciones que llevaron a encontrar serios indicios de la ocultación de fondos de presunto origen delictivo en propiedades inmobiliarias en España, mediante empresas pantalla e instrumentales, el juzgado acordó en marzo de 2022 el registro domiciliario de un ciudadano holandés residente en Mallorca, como posible organizador de la trama.

Operativa de la trama

La investigación realizada a partir de la documentación incautada muestra múltiples evidencias del concierto para delinquir entre los investigados, facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos presuntamente falsos de consultoría, documentos y pruebas que demostrarían el desvío o «mordida» del 10% del valor de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial, su posterior blanqueo a través de un entramado societario y operativas de ocultación, y el remansamiento posterior en el patrimonio controlado de forma directa o indirecta por el organizador de la trama y otros investigados.

De acuerdo con las investigaciones que obran en la causa judicial, la trama había formado una compleja estructura societaria internacional para canalizar las comisiones ilegales, controlada a través de fideicomisos y sociedades radicadas en países como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Holanda, entre otros, remansando los fondos en inversiones controladas por el organizador de la trama en España y Holanda.

El vértice de esta estructura societaria para desviar y ocultar el origen de los fondos estaría radicado en un fideicomiso de Liechtenstein, del cual «colgaba» otro controlado por el ciudadano holandés, con roles de supervisor y beneficiario.