Durante los últimos años podemos observar como desde ciertos sectores de la sociedad, especialmente las patronales, multitud de ONGs o partidos favorables a fomentar un modelo de inmigración masiva, como alientan y hablan de la necesidad de traer toda la inmigración posible para cubrir puestos que los autóctonos no quieren, sostener las pensiones o simplemente para suplir la escasa natalidad que existe entre los españoles. La existencia de una gran cantidad de población inmigrantes es una realidad, llegando a suponer según la Fundación NEOS, con la publicación recientemente de un estudio sobre las cifras de inmigración en España, hasta el 18,5% de la población, materializado en la presencia de hasta 9,04 millones de inmigrantes si tenemos en cuenta la primera generación, y aumentando en porcentaje y número, 22% y 11 millones de habitantes, respectivamente. Para completar estos datos debemos sumarle las 63.970 personas que llegaron hasta nuestras costas en 2024, un aumento del 12,5% respecto al año pasado y tan solo a 328 personas del récord histórico marcado 2018. A la llegada masiva de inmigrantes también se le debe sumar la cifra de más de 10.000 inmigrantes fallecidos intentando alcanzar nuestro país, lo que nos presenta la cara más dramática del fomento de este tipo de políticas.

El crecimiento poblacional también ha tenido un impacto notorio dentro del mercado laboral. Desde inicios de 2022 hasta octubre de 2024 el 40% de los nuevos empleos fueron ocupados por inmigrantes llegando, en determinados sectores como la hostelería, el comercio y la construcción o la agricultura, a ser la mayoría con el 45% y el 60%, y 80% respectivamente. Con estos datos debemos preguntarnos ¿fomenta el actual modelo migratorio la creación de riqueza? ¿Cuál es el papel de los inmigrantes?

Para contestar a nuestras preguntas primero debemos conocer cómo se percibe la inmigración dentro de la sociedad española. Esta cuestión es cada día es más importante en multitud de aspectos, especialmente durante el pasado año, cuando el CIS sacó un estudio en el que se señalaba la inmigración y sus efectos sobre el país como la principal preocupación de los ciudadanos, por encima del paro o la clase política, indicando una verdadera preocupación por la gestión migratoria. Lejos de ser una preocupación ciudadana también se ha convertido en un tema principal dentro de la política nacional, especialmente por el reparto de inmigrantes y de menas entre comunidades autónomas, destacando el desbordamiento de los centros de acogidas de algunas comunidades como Canarias o el trasvase de las competencias migratorias a Cataluña por parte del actual gobierno.

Ligado a estas preocupaciones los datos referentes a la inmigración tampoco invitan a presentar como un motor económico para el país. En comunidades autónomas como Cataluña más de la mitad de mujeres marroquíes que se han establecido de forma regular están en paro y no trabajan, siendo en concreto el 54,2%. Seguidas de las marroquíes destacan otras comunidades como la pakistaní con un 39,5%, la rumana con un 25,1% o la colombiana con un 20,4%. En el caso de los hombres los datos son tan altos, pero si muy significativos, constituyendo los marroquíes un 27,1% de paro, los ecuatorianos con un 15,8%, los rumanos con 16,1% o los colombianos con el 15%. Esta difícil adaptación de ciertos inmigrantes también se refleja en los datos sobre la población carcelaria y los investigados y detenidos por homicidios. En cuanto a los presos inmigrantes en nuestro país se han contabilizado hasta 13.944 internos extranjeros, sin contar Cataluña y País Vasco, en nuestras cárceles, destacando por encima de los demás la población marroquí, representando con 3.841 presos el 27,55% del total. Seguidos de estos se encontraban los colombianos con 1.502 presos, seguido de Rumanía con 1.156 y Argelia con 1.000. En cuanto a los inmigrantes investigados y detenidos por asesinatos debemos destacar que el aumento ha sido de un 69% de 2013 hasta 2023, llegando a cifras record durante este año, 137. Estadísticamente este aumento supera con creces el 28% del crecimiento de este tipo de delitos entre españoles durante el mismo periodo de tiempo. Otras cifras preocupantes son las del aumento de los detenidos por yihadismo en nuestro país, un tipo de delito que ha crecido exponencialmente este año, llegando a más de 38 detenciones en escasos tres meses.

No solo este tipo de delitos ha crecido, si no que a su vez algunos delitos sexuales como las violaciones grupales durante 2013 y 2017, excepto el País Vasco, nos dan a conocer hasta 491 hechos de este tipo con 1.359 delincuentes y hasta 525 víctimas. La mayoría de los autores fueron de origen extranjero, llegando a constituir el 43,3% de los casos con 588 delincuentes. Los de origen español que cometieron este tipo de delitos fue de 445, siendo 326 de origen desconocido. En comunidades concretas como Cataluña los datos son aún más estremecedores, llegando a aumentar más del 500% desde 2016 hasta 2024, registrándose 254 y 1.280 violaciones respectivamente.

En aspectos económicos el coste que le supone al país a la inmigración es difícil de estimar según los criterios que se utilicen. Pese a ello, se han lanzado algunos estudios como el de la Fundación NEOS ha estimado que se gastan al menos 30.000 millones de euros al año debido a la inmigración además de colapsar algunos servicios públicos. En sus estimaciones se calcula que hasta 1,4 millones de nacidos en el extranjero están en paro. A estos deberíamos sumarles sus hijos y cónyuges, lo que aumentaría hasta casi los dos millones de inmigrantes que vivirían de prestaciones económicas directas del estado.

En cuanto a la afirmación de la necesidad de la inmigración como un factor clave para la sostenibilidad de las pensiones podemos observar, según la investigadora de Fedea, Raquel Carrasco, como los inmigrantes llegan a cobrar remuneraciones de hasta un 33% menores que los españoles. El porqué de esta cuestión se debe al acceso a condiciones de trabajos depauperizados y con menor cualificación, especialmente por su condición de inmigrante y de una mayor necesidad. Según su propio estudio los ocupados españoles perciben de media salarios de 27.500 euros brutos anuales, mientras que los inmigrantes provenientes de los países de la UE registran retribuciones medias de 24.865 euros, lo que supone un 9,6% menos. Por su parte, en los ocupados procedentes de África perciben rentas salariales de 18.582 euros, un 32,4% menos que los españoles. Los procedentes de América cobran sueldos de 18.214 euros, un 33,8% menos. Esto no es debido a la discriminación de los inmigrantes, si no que señala a que no se comparan a los trabajadores autóctonos con los extranjeros con una misma cualificación y trabajo, donde sí se aprecia que en el 94% de las ocasiones reciben en mismo salario. Según el propio estudio hasta el 21% de los parados son de origen extranjero.  Con estas bajas cotizaciones y un gran volumen de desempleo el futuro de las pensiones difícilmente puede sostenerse con la inmigración, algo que podría ser revertido con facilitación de buenas condiciones laborales para los más de tres millones de españoles residentes en el extranjero, según el propio INE, suponiendo cifras récord, y constituyendo en muchas ocasiones una mano de obra muy cualificada y muy valorada en los países receptores que cotiza y contribuye lejos de su país de origen.