La Guardia Civil, en el marco de la operación Imita, ha intervenido 58.000 artículos falsificados valorados en 22 millones de euros. En la operación han sido investigadas por delitos contra la propiedad industrial y han sido inspeccionados un total de 80 comercios ubicados en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
La operación se inició el pasado mes de enero, cuando la Guardia Civil procedió a realizar servicios de vigilancia por diferentes establecimientos comerciales ubicados en todas las islas de la provincia donde detectaron la venta de multitud de productos falsificados.
Una vez identificados los establecimientos, los agentes desplegaron un amplio dispositivo para llevar a cabo de forma simultánea las inspecciones con el objetivo de evitar avisos entre los comerciantes de la intervención policial.
En esta primera actuación, los agentes lograron intervenir 24.500 artículos falsificados, se inspeccionaron comercios y se identificaron a 39 personas.
En una segunda actuación los agentes intervinieron más de 33.500 artículos falsificados de marcas de alta gama, valorados en casi 16 millones de euros en el mercado actual. Asimismo, se investigó a 45 personas y se inspeccionaron un total de 39 locales, en su mayoría bazares, así como cuatro furgonetas de carga en total, que se dedicaban a la venta de artículos falsificados de marcas de alta gama de diversa índole, tales como ropa, bolsos, carteras, cinturones, calzado, gafas de sol, perfumes, juguetes y otros artículos infantiles, etc.
En el transcurso de dichas inspecciones, los agentes contaron con la colaboración de un perito judicial experto en marcas que certificó que los productos a la venta eran realmente falsificaciones.
Destacan algunos artículos infantiles, ya que no pasaban los preceptivos controles de calidad que garantizan la seguridad y evitan los que conlleva su uso por parte de menores de corta edad.
Tras una amplia y exhaustiva labor de peritaje, el valor total de los productos falsificados intervenidos alcanzaría en el mercado actual un total de casi 16 millones de euros. Se trata de la segunda operación contra la propiedad industrial realizada por la Guardia Civil en menos de un año.