La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. Para una parte creciente de la población, y especialmente para los jóvenes, acceder a una vivienda ya no es una dificultad, sino que es directamente una quimera. En ese contexto, no es extraño que los partidos políticos intenten capitalizar el problema y dentro del espacio de la derecha, Vox ha decidido situarlo como uno de los ejes de su discurso en los últimos meses, con dirigentes como José María Figaredo y Carlos Hernández Quero recorriendo actos y presentando su programa económico y de vivienda como una alternativa.
Ahora bien, una cosa es poner el tema sobre la mesa y otra muy distinta es ofrecer una solución coherente.
La propuesta estrella de Vox pasa por lo que ellos mismos describen como “inundar España de vivienda protegida”. Sobre el papel suena ambicioso, incluso atractivo si se mira de forma superficial, pero el problema aparece en cuanto uno rasca un poco y ve que no hay cifras. No sabemos cuántas viviendas se construirían, ni en qué plazos ni con qué coste. Y esto no es un detalle técnico menor, es lo básico en cualquier política pública seria, porque si no hay números, no hay plan.
A partir de ahí, el modelo se completa con una apuesta clara por liberalizar suelo, aumentar alturas y densidades y eliminar límites urbanísticos. Es decir, confiar en que aumentando la oferta el problema se resolverá casi por inercia. Sin embargo, este tipo de planteamientos, si no van acompañados de una planificación pública sólida, suelen acabar en lo contrario de lo que prometen: desarrollos masificados, falta de servicios y un urbanismo pensado más para la rentabilidad que para garantizar condiciones de vida dignas.
Pero incluso aceptando su planteamiento, hay una ausencia evidente y es que Vox no desarrolla un modelo claro de vivienda pública estable en el tiempo. De hecho, sin mecanismos que eviten la especulación, una parte importante de vivienda protegida acabaría saliendo al mercado privado, reproduciendo el mismo problema que se pretende solucionar. Eso obligaría a muchas familias a seguir destinando su renta al alquiler en lugar de poder acceder a la propiedad en condiciones asequibles.
Existen alternativas intermedias que sí permitirían construir un parque público sin caer en esos errores. Por ejemplo, modelos en los que los usuarios puedan adquirir la vivienda, pero con limitaciones a la reventa: que solo puedan venderla a la administración que se la adjudicó, obligada a recomprarla a un precio actualizado conforme al IPC (salvo deterioro) y sin tributar por plusvalía. De este modo se garantiza el acceso a la propiedad sin que la vivienda pública termine siendo un activo especulativo, manteniéndose siempre dentro del circuito público.
No obstante, donde el programa muestra realmente sus costuras no es en el urbanismo, sino en la economía. Porque aquí aparece una contradicción difícil de sostener: Vox plantea eliminar el déficit público al mismo tiempo que propone una rebaja masiva de impuestos y cotizaciones que ronda los 65.000 millones de euros anuales. Y lo hace, además, sin ningún plan creíble de aumento de ingresos y sin mencionar siquiera el pleno empleo como objetivo.
Esto último no es menor, ya que sin pleno empleo no hay ingresos suficientes, y sin ingresos no hay capacidad para financiar políticas públicas ambiciosas. Mucho menos una política de vivienda que, si se quiere hacer de verdad, exige inversión sostenida durante años. Por eso, el problema del programa no es solo que sea vago, es que es incompatible consigo mismo.
Vox plantea construir más vivienda protegida, reindustrializar el país y avanzar hacia la soberanía energética, pero al mismo tiempo reduce los recursos del Estado necesarios para hacerlo posible. No es una cuestión ideológica, es una incompatibilidad económica bastante evidente.
En el fondo, la vivienda no se resuelve solo con suelo ni con ladrillo. Se resuelve con empleo, con salarios que permitan ahorrar y con un Estado que tenga capacidad para intervenir en el mercado frente a la especulación. Sin esas tres patas, cualquier propuesta se queda en el terreno del discurso.
