En una decisión que ha generado indignación en sectores judiciales y políticos, la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz ha decidido no retirar el pasaporte a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, pese a las sospechas fundadas de que podría establecerse en Japón, donde residen su esposa e hija.
La petición de la acusación popular de imponerle la retirada del pasaporte o una fianza de 70.000 € fue rechazada por la juez Beatriz Biedma, a pesar de que el propio investigado ha solicitado visado japonés y ha manifestado su intención de viajar en los próximos días. La magistrada se ha limitado a exigirle que, en un plazo de dos días, aclare si mantiene su domicilio en Portugal o ha cambiado su residencia de manera efectiva, lo que a ojos de muchos equivale a dar tiempo para marcharse con total impunidad.
David Sánchez está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias durante su gestión como director de programas culturales en la Diputación de Badajoz, puesto al que accedió sin concurso público y con un salario superior al del presidente del Gobierno.
La defensa del hermano del presidente insiste en que no hay intención de fuga y que su domicilio sigue siendo una vivienda en Elvas, Portugal. Sin embargo, las evidencias acumuladas y la coincidencia del viaje a Japón con la imputación judicial generan más que sospechas: dibujan una huida planificada con beneplácito institucional.
Mientras tanto, Pedro Sánchez guarda silencio y disfruta de 23 días de vacaciones en el Palacio de La Mareta, mientras su entorno más cercano acumula escándalos y privilegios judiciales que contrastan con el trato que reciben otros ciudadanos en situaciones similares.
La pregunta que muchos españoles se hacen es clara:
¿Qué pasaría si David Sánchez no se apellidara Sánchez?
