Murcia, 6 de agosto de 2025 — La indignación recorre las calles de Torre Pacheco. El joven marroquí de 19 años, acusado de una brutal agresión a un anciano el pasado 9 de julio, ha quedado en libertad provisional después de que la Fiscalía no ratificara la prisión preventiva solicitada por el juez instructor.
La decisión llega a pesar de que el acusado ya había sido condenado hace apenas unos días a un año de prisión por un intento de robo violento a otro anciano, de 80 años, a quien intentó arrebatarle el reloj tras sujetarle con fuerza del brazo. Aún así, la Fiscalía —incapaz o desinteresada— no solicitó su ingreso en prisión preventiva por la segunda agresión.
Reincidente y libre
El agresor cuenta ya con una sentencia firme por un delito violento contra personas vulnerables. Ahora, tras la segunda agresión —más grave aún, con lesiones de consideración—, las autoridades judiciales le han impuesto simples medidas cautelares: no acercarse a la víctima, retirada del pasaporte y comparecencias semanales. Una respuesta débil y desproporcionada que envía un mensaje peligroso de impunidad.
La Fiscalía falla, la Justicia se desmorona
La responsabilidad directa recae en la Fiscalía, que no respaldó la petición del juez para mantener al acusado en prisión. Resulta incomprensible que un joven violento, con antecedentes inmediatos y pruebas incriminatorias, no permanezca retenido mientras avanza la instrucción.
Este tipo de decisiones erosionan la confianza ciudadana en el sistema judicial, ya que la percepción generalizada es que el agresor ha sido protegido más por su nacionalidad y por intereses políticos que juzgado con el rigor que exigiría cualquier Estado de derecho.
¿Y la protección a las víctimas?
Ni la edad ni el estado de salud de la víctima parecen haber influido en la decisión del Ministerio Público. Domingo, de 68 años, sufrió una agresión que generó conmoción y miedo en la localidad. Pero el sistema no ha protegido ni a él ni a la comunidad.
Al contrario: Torre Pacheco queda ahora a merced de un reincidente libre y de un modelo judicial que, con tal de evitar “alarmas sociales”, prefiere abandonar a los ciudadanos honrados que sostienen el país con su trabajo y sus impuestos.
