El fútbol español vuelve a mancharse con el nombramiento de Rafael Louzán como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). A pesar de estar condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación, 90 de los 138 asambleístas del organismo han elegido al polémico dirigente gallego, dejando de lado el escándalo y la crisis reputacional que esta decisión supone. La sombre de la corrupción vuelve a proyectarse sobre la Federación, situándola al borde del bochorno internacional.

El resultado de la votación fue contundente: Louzán derrotó al valenciano Salvador Gomar, que obtuvo 43 votos. A esto se sumaron un voto nulo y cuatro en blanco. Sin embargo, el éxito de Louzán no elimina las dudas sobre su legitimidad ni las consecuencias políticas y legales que su presidencia puede desencadenar. Con una condena pendiente de resolución definitiva en el Tribunal Supremo, que estudiará su recurso el próximo 5 de febrero, la incertidumbre en la RFEF es máxima. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ya está valorando inhabilitar a Louzán, basándose en los artículos 19.4 y 24 de los estatutos federativos, que prohíben acceder a cargos de gobierno a personas inhabilitadas para funciones públicas.

Rafael Louzán, ex presidente de la Diputación de Pontevedra por el Partido Popular, fue condenado por prevaricación tras conceder una subvención de 87.000 euros para la remodelación del estadio de Moraña. El hecho de que el delito esté vinculado al fútbol no ha sido obstáculo para que los asambleístas respalden su candidatura. Lejos de ser un acto aislado, la elección de Louzán refleja un desprecio absoluto por la regeneración y transparencia que tanto necesita la RFEF.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, fue uno de los primeros en felicitar al nuevo dirigente. «No me preocupa su posible inhabilitación. Seguro que se rodea de buena gente», declaró Tebas, ignorando por completo la pésima imagen internacional que proyecta la elección de un presidente condenado. Mientras tanto, el CSD y su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, estudian elevar una denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para detener este despropósito.

Si el TAD acaba inhabilitando a Louzán, sería el cuarto presiden consecutivo de la RFEF en caer, después de Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha. Un ciclo de escándalos que evidencian cómo la corrupción se ha enquistado en los órganos de gobierno del fútbol español.

El proceso electoral tuvo tintes esperpénticos con la candidatura del extremeño Sergio Merchán, quien renunció a presentarse apenas hora y media antes de la votación. Mechán, que había recibido 23 avales cedidos por Louzán como «plan B» en caso de ser impugnado, se convirtió en un símbolo de la falta de seriedad en el proceso. La figura de Merchán, un candidato sin programa ni discurso, refleja el nivel de degradación en el que está sumida la Federación.

Louzán, consciente del apoyo que necesitaba, dedicó palabras de agradecimiento a Merchán durante su discurso de investidura, calificándolo como «una gran persona y un magnífico dirigente». Sin embargo, esta «estrategia» no hace más que subrayar el cinismo y la manipulación con la que se ha gestionado este proceso electoral.

Desde el atril, Louzán intentó presentarse como el abanderado de la regeneración y la transparencia. Prometió una Federación «diferente» y «moderna», capaz de garantizar el anonimato en las votaciones gracias al voto electrónico y mejorar la relación con el Gobierno de España. No obstante, sus palabras suenan vacías cuando se contraponen a la realidad: un presidente condenado que representa todo lo contrario a los valores que dice defender.

«El fútbol español me ha elegido», proclamó Louzán, aferrándose a la misma frase que utilizaron sus predecesores inhabilitados. Pero su elección no es un triunfo de la democracia interna de la RFEF, sino una muestra más de cómo los barones territoriales y otros actores de poder continúan operando sin ética ni responsabilidades.

El CSD tiene en sus manos la posibilidad de frenar este despropósito, pero su actuación será determinante. Si se consuma la inhabilitación de Louzán, la Federación volverá a entrar en una crisis institucional sin precedentes. Si no actúa, la imagen del fútbol español quedará irremediablemente dañada justo cuando España se prepara para organizar el Mundial 2030 junto a Marruecos y Portugal.

El mensaje que la RFEF está enviando es devastador. En el fútbol español, la corrupción no es un obstáculo para llegar al poder. La decisión de los asambleístas, que tenían la oportunidad de elegir a un candidato sin el lastre de una condena judicial, revela cómo las estructuras internas están podridas y cómo la falta de ética sigue siendo la norma.

La elección de Rafael Louzán como presidente de la RFEF es una tragedia anunciada. Los mismos actores que deberían ser guardianes del fútbol han decidido mirar hacia otro lado, perpetuando un sistema opaco y decadente. La imagen del fútbol español, lejos de regenerarse, está cada vez más hundida en el lodazal de la corrupción y el amiguismo.

Con Louzán al frente, la RFEF está más cerca del abismo que nunca. El futuro del fútbol español no pude quedar en manos de dirigentes condenados ni de aquellos que, con su voto, han demostrado que la ética y la transparencia no son sus prioridades.