La Unión Europea ha aplazado la aprobación de la controvertida nueva ley de bienestar animal que tenía previsto aprobar a finales de este año 2023 debido a los informes que alertan de las consecuencias de su aplicación: graves pérdidas económicas del sector afectado que pueden incluso afectar a su viabilidad, desabastecimiento del mercado europeo e incremento exagerado del precio final para el consumidor (asunto impopular a las puertas de unas elecciones europeas).

Los ganaderos españoles están en pie de guerra por los perjuicios que tendrá para ellos dicha ley. De aplicarse se verían obligados a aumentar el espacio destinado a cada animal, con el consecuente perjuicio económico de tener que ampliar sus instalaciones o en el caso de no hacerlo, reducir considerablemente el número de animales. 

Según un estudio de la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), una granja avícola estándar, de 1800 m2, que con la legislación actual puede producir 33 kilos de pollo por metro cuadrado, con la nueva solo podría producir 11 kilos por metro cuadrado, por lo que su capacidad pasaría de los 33000 ejemplares que se permiten en la actualidad a los 11000. Para poder albergar los 22000 ejemplares restantes, el avicultor tendría que ampliar sus instalaciones hasta los 5.400 m2, afrontando una inversión de 1.000.000 de euros. Esa pérdida económica se haría notar inmediatamente en el bolsillo del ciudadano, triplicando la carne de pollo su precio actual de algo más de 3 euros el kilo, hasta más de 9 euros el kilo, convirtiéndose en un producto de lujo.

Esta nueva normativa afectaría por igual al sector lechero, porcino y cunícola (este último sería el más perjudicado, pues esta ley también prevé la prohibición de la utilización de jaulas), afectando además a otros sectores de la cadena como son los mataderos, fábricas de piensos, industria cárnica, etc., que muchos de ellos debido a sus pérdidas se verían abocados al cierre o verían en gran medida reducidas sus plantillas. En definitiva, esta nueva legislación sería la puntilla para un sector ya de por sí muy maltratado, miles de explotaciones se verían abocadas al cierre en el corto, medio y largo plazo, acrecentando la despoblación del entorno rural y se desincentivaría la puesta en marcha de nuevas granjas.

Este paquete de bienestar animal, que incluye bienestar animal en granja, transporte, sacrificio y etiquetado de bienestar animal, forma parte de los objetivos de la Agenda 2030 de la UE. Dicha normativa ha sido redactada siguiendo los dictados de lobbies animalistas y grupos ecologistas, dejando de lado la opinión de los ganaderos, con los que no ha habido ningún tipo de negociación. El desabastecimiento de productos cárnicos que esta norma propiciaría en el ámbito comunitario se tendría que compensar con importaciones de terceros países que, paradójicamente, no están sujetos a la férrea normativa europea de bienestar animal (como es el caso de Marruecos).

La nueva normativa de bienestar animal que ha quedado aparcada es un ejemplo más de la deriva woke que ha tomado la UE y muy especialmente España, donde se ha aprobado una controvertida ley de bienestar animal con tintes ideológicos sin tener en cuenta la opinión de veterinarios, criadores o gente del campo y sin ningún tipo de consenso entre las partes implicadas, tal y como pretende hacer Bruselas.En España esta nueva ley también ha sido muy polémica, pues además de ser en extremo punitiva, excluye del ámbito de aplicación de la norma los animales utilizados en espectáculos taurinos, los animales de producción, los utilizados en experimentación y fines científicos, los animales utilizados en investigación clínica veterinaria, así como los silvestres. Además de afectar gravemente a los negocios de venta de animales, que ven muy limitadas sus opciones, incluye también normas que han sido muy cuestionadas, como prohibir la cría fuera del ámbito profesional, la obligación de castrar a los animales, proteger a las colonias de gatos (depredadores que matan a millones de animales silvestres), etc.