El Gobierno quiere que, en 2032, los autónomos coticen lo mismo que los asalariados. Según los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), eso supondría un aumento de 9.000 millones de euros en ingresos para la Seguridad Social. La cuota media anual de los autónomos pasaría de 3.500 a 6.400 euros, casi el doble, con el objetivo de igualar su <<esfuerzo contributivo>> al de los trabajadores del Régimen General.
A primera vista, puede parecer razonable: la recaudación por autónomo es solo el 55,25 % de la recaudación por asalariado, mientras que la pensión media de los autónomos es el 62,75 % de la de los asalariados. Y, si además queremos que un día esas pensiones medias se igualen, ¿por qué no recaudar la misma cantidad media por autónomo que por asalariado?
Sin embargo, la comparación ignora una diferencia crucial: los asalariados no pagan personalmente la mayor parte de su cotización, sino que lo hace la empresa. En cambio, el autónomo soporta solo su propio coste. Igualar el esfuerzo en términos absolutos sería, por tanto, trasladar sobre unos dos millones de pequeños trabajadores y emprendedores una carga que, en el empleo asalariado, asumen dos partes: en su mayor parte la empresa y, en menor medida, el asalariado.
La reforma del Gobierno pretende corregir desigualdades, pero podría profundizarlas. Subir cotizaciones de manera lineal dañaría especialmente a los autónomos de ingresos bajos —ya con las actuales cotizaciones, un autónomo que gane 1.000 euros cotiza 260— y penalizaría a los de ingresos medios, los que sostienen buena parte del tejido productivo. Si, en cambio, se traslada todo el esfuerzo a los autónomos con más ingresos, tal como está diseñado el resto del sistema fiscal, eso los empujaría a estructuras societarias más opacas y menos contributivas.
La solución pasa por un camino más moderado. En el corto plazo, bastaría con introducir más tramos de cotización y un tramo inferior exento, manteniendo la recaudación total estable, pero aliviando a quienes menos ganan. Que pague un poco más quien más puede, pero sin convertir la progresividad en castigo. A largo plazo, el debate de fondo debería ser otro: fusionar IRPF, cotizaciones e Impuesto de Sociedades en un solo impuesto sobre la renta total del trabajo y la actividad económica. Ello permitiría que las diferencias entre autónomos y asalariados desapareciesen de manera natural y que la solidaridad no recaiga solo sobre el colectivo de los autónomos, sino sobre el conjunto de cotizantes y contribuyentes.
Esta fusión enfrentaría problemas técnicos. Por ejemplo, las empresas no cotizan ahora según sus beneficios, sino según los salarios que pagan, mientras que el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades son impuestos sobre rentas. Pero quizá que las empresas coticen no por pagar salarios, sino por sus beneficios, favorecería al empleo y a los salarios.
