Me es absolutamente indiferente la suerte que puedan correr los todavía habitantes de Gibraltar. Los llamados llanitos que −desde 1704 y al amparo de la todopoderosa Royal Navy− vinieron a sustituir a la verdadera población originaria del Peñón. Los que desplazaron a los auténticos gibraltareños que, al ser ocupada la Roca, se marcharon con sus bártulos, vírgenes y archivos a los pueblos de los alrededores. Una sucia limpieza étnica cometida con la colaboración de los antepasados de estos tipos. Esos eran los verdaderos pobladores de Gibraltar y no estos del ministro principal Picardo a los que −en una muy sucia pirueta de la historia− se pretende convertir en protagonistas del conflicto.
Me la traen al pairo los derechos de estos ciudadanos coloniales. Me es indiferente que, cuando la colonia retorne a la soberanía española, se vayan o se queden, se enfaden o se alegren o lo que sea que proclamen o que hagan o que digan. Me importa una higa la suerte de un conjunto de no más de treinta mil personas que, como parásitos al cobijo de España, viven fantásticamente bien amparados en sus sectores económicos oscuros: muchas veces en la explotación de miles de asalariados andaluces que trabajan y viven sin el amparo de la legislación española. Esos asalariados españoles que parecen no existir para el PSOE ni para Yolanda Díaz. Llegado el caso, sería más barato para España indemnizar a estos trabajadores que seguir soportando en nuestro territorio el modelo económico colonial de la Roca.
No me cabe ninguna duda de que −a pesar de Pedro Sánchez y del ministro Albares− Gibraltar va a volver a España en el futuro y que, en ese momento, esta gente se verá sometida a un sencillísimo dilema: o tienen el grandísimo honor de convertirse en ciudadanos españoles con todos sus derechos y deberes −incluso el de pagar el IVA− o recogen sus cosas y se marchan a otro sitio. Al que se quede, brazos abiertos y plena integración. Al que se marche, adiós y suerte: tanta paz lleves como descanso dejas.
El Reino Unido −en una maniobra política torpe por muchas veces repetida− nos muestra como una línea insoslayable la de los derechos de la población gibraltareña. De esta forma, una simple base militar en el Mediterráneo es convertida −cara a la galería− en una pacífica población autóctona que pugna por una vida democrática, pacífica y libre. Pero la población gibraltareña ni es sujeto de soberanía propia ni resulta ser un interlocutor válido en esta cuestión. El Tratado de Utrecht de 1714 sólo tiene dos signatarios: España y Reino Unido, y son esos dos países −exclusivamente− los que tienen que pactar la solución de la colonia.
Recuerdo Hong Kong. También en ese caso se intentó contraponer una necesidad histórica y jurídica de descolonización a los pretendidos derechos de un conjunto de residentes presuntamente autóctonos. El resultado es de sobra conocido: ante la fuerza china, Gran Bretaña optó por comerse su acostumbrada verborrea y devolver la colonia. Miles de hongkoneses se vieron −de súbito− sometidos a la soberanía china sin remedio. Ello me lleva a la conclusión que el derecho de la población de sus colonias también importa una higa al Imperio cuando el país que tiene enfrente es fuerte y respetado. A la larga, va a seguir siendo cierto, por encima de épocas y de modas, que no hay nada como el palo y tentetieso para tratar con la política exterior británica.
