Una nueva batalla se está librando en el sector primario y tiene un eje muy claro: quién va a controlar el valor del carbono. La clave está en que los suelos agrícolas absorben dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera y lo almacenan en la tierra. Así, en el contexto actual, marcado por las políticas climáticas, esa capacidad ha pasado a tener valor económico, ya que a través de los llamados créditos de carbono las empresas que contaminan pueden pagar por compensar sus emisiones financiando proyectos que capturan ese CO₂. Y es precisamente ahí donde el campo se convierte en un objetivo.
Cada tonelada de carbono que un suelo es capaz de retener puede generar un crédito que se vende en el mercado. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), estos créditos ya se están pagando en el mercado voluntario en torno a los 30 y 50 euros por tonelada, lo que significa que la propia tierra empieza a generar un nuevo ingreso potencial. El problema ya no es técnico, sino político y económico, porque la cuestión de fondo es quién se queda con ese dinero.
En teoría debería beneficiar al agricultor que trabaja esa tierra, pero en la práctica está ocurriendo lo de siempre. Fondos de inversión e intermediarios están intentando adelantarse mediante contratos complejos y poco transparentes, a través de los cuales el agricultor cede durante años el derecho a explotar ese carbono a cambio de una compensación limitada, mientras el verdadero valor termina en manos de grandes actores financieros. Es un patrón que ya conocemos e igual que ocurrió con la vivienda o la energía, un recurso esencial se transforma en un activo financiero.
Sin embargo, aquí no estamos hablando solo de ingresos adicionales, sino de soberanía alimentaria, ya que cuando el control del suelo pasa a depender no solo de quien lo trabaja, sino de intereses económicos externos, el problema deja de ser agrícola y se convierte en estratégico para la nación. España corre el riesgo de perder capacidad para decidir qué produce, cómo lo produce y para quién, algo especialmente grave en un contexto internacional cada vez más inestable y donde los estados cada vez tienen menos soberanía. Así, el problema se produce cuando el campo español queda en manos de grandes fondos, dejando de responder a las necesidades del territorio, empezando a hacerlo a la lógica del beneficio del mercado y dañando a nuestra soberanía alimentaria.
El campo no puede tratarse como un activo financiero más, pues es lo que garantiza que un país pueda alimentarse, sostener su medio rural y mantener el equilibrio territorial. Por lo tanto, convertirlo en objeto de especulación abre la puerta a que grandes capitales hagan negocio con la tierra mientras todo se reduce a una lógica de rentabilidad especulativa.
Por eso, la advertencia de COAG y de otros actores del sector primario es una llamada de atención a tiempo. España todavía puede regular estos mercados, evitar contratos abusivos y proteger al agricultor profesional, y también aplicar medidas de proteccionismo que impidan que el capital especulativo se haga con el control del campo.
