En España se está produciendo un relevo silencioso en el mercado de la vivienda. En 2007, los menores de 30 años representaban el 22,5% de los compradores. En 2025, apenas llegan al 9,5%. En cambio, los compradores extranjeros han pasado del 7,5% al 20%, según el Consejo General del Notariado.
En provincias como Alicante, Tenerife, Málaga o Baleares, los extranjeros ya compran entre el 40% y el 50% de las viviendas. La mayoría son no residentes, personas con alto poder adquisitivo que compran para invertir o pasar temporadas, no para vivir y trabajar en España. El resultado es un mercado donde los jóvenes españoles quedan fuera, incapaces de competir con el poder adquisitivo de los extranjeros, muchos de los cuales compran al contado y sin necesidad de hipoteca.
Construir más vivienda ayuda, pero no soluciona el problema si esa nueva oferta acaba en manos de fondos o inversores. En zonas donde el suelo es limitado (como la Costa del Sol o las islas), la presión turística y extranjera dispara los precios y convierte el derecho a la vivienda en un privilegio.
Para revertir esta situación hacen falta medidas concretas y realistas:
– Ampliar el parque público y de protección oficial, con alquileres asequibles y precios tasados.
– Limitar la compra masiva por fondos y sociedades, y permitir la expropiación con justiprecio en casos de acaparamiento.
– Gravar las viviendas vacías que no se alquilen y eliminar la okupación, para recuperar la confianza en el alquiler.
– Ofrecer hipotecas con tipos de interés bajos para jóvenes y familias trabajadoras.
– Aplicar un recargo fiscal a la compra por no residentes, que equilibre el acceso a la vivienda en zonas turísticas.
– Regular temporalmente los precios del alquiler en zonas tensionadas, acompañando la medida con incentivos para ampliar la oferta real.
– Y, a medio plazo, establecer límites a la presión turística y a la compra especulativa extranjera, protegiendo el equilibrio demográfico y residencial de las ciudades.
Estas medidas son de sentido común, ya que una sociedad que expulsa a sus jóvenes del mercado de la vivienda está condenada a envejecer y fracturarse. Si el hogar es un derecho, no puede seguir siendo un lujo reservado a los de fuera.
