Desde hace más de una década, la sanidad pública española mantiene una deuda persistente con quienes la sostienen cada día. Médicos, enfermeras, técnicos y personal sanitario siguen soportando recortes salariales que se aprobaron como medidas excepcionales durante la crisis económica y que, con el paso del tiempo, no han sido plenamente reparados.
En 2010, bajo el argumento de la austeridad y el control del gasto público, se redujeron salarios y pagas extraordinarias a los empleados públicos. En el ámbito sanitario, ese ajuste se tradujo en pagas extraordinarias recortadas y en un deterioro de ingresos que se ha ido acumulando año tras año.
Según estimaciones de organizaciones sindicales del sector sanitario, muchos profesionales habrían dejado de percibir hasta alrededor de 20.000 euros en términos acumulados desde la aplicación de estos recortes. En el caso de enfermeras y fisioterapeutas, la pérdida media se sitúa en torno a unos 700 euros anuales, como consecuencia de pagas extraordinarias abonadas de forma incompleta de manera recurrente. Para los médicos, el impacto sería mayor, con recortes que pueden superar los 800 euros por cada paga extraordinaria, en función de la antigüedad y los complementos asociados al puesto.
Quince años después, la situación sigue sin resolverse, ya que las pagas extraordinarias continúan siendo inferiores a lo que correspondería por salario y categoría profesional. No se trata de una cuestión simbólica, sino que es una merma directa del poder adquisitivo en un contexto marcado por la inflación, el encarecimiento de la vivienda y el aumento generalizado del coste de la vida.
A esta pérdida económica se suma un problema estructural largamente denunciado: la clasificación profesional del personal sanitario permanece anclada en un modelo desfasado que no reconoce adecuadamente la formación universitaria, la especialización ni el nivel real de responsabilidad de muchos puestos. El resultado es una doble penalización, económica y profesional.
Los colectivos sanitarios llevan años reclamando la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias y una reforma profunda del sistema retributivo. Sin embargo, las respuestas institucionales han sido parciales y claramente insuficientes.
Un país que aspire a ser digno no puede sostener su sistema sanitario sobre salarios recortados y compromisos incumplidos. La salud no es una mercancía ni un gasto prescindible, y quienes cuidan de la salud de la población deben ser retribuidos de forma justa y no como un gesto de agradecimiento, sino como una obligación básica de cualquier Estado que se tome en serio el bienestar colectivo.
