Acorde a la Comisión Interministerial de Inmigración, el 83% de los cayucos que llegan a las costas españolas parten desde Mauritania. Asimismo, el 80% de la inmigración irregular que llega a España lo está haciendo a Canarias. El archipiélago se consagra como la primera vía de entrada a Europa de inmigración irregular. El 2023 cerró con el arribo de 39 910 inmigrantes, superando la cifra registrada en el 2006, momento en el que el archipiélago vivió la «Crisis de los Cayucos» con la llegada a las islas de 31 678  personas. El total nacional ascendió a 56 852.

Para Canarias, las estadísticas pronostican que, de seguir así, este 2024 llegarán al archipiélago aproximadamente 85 000 personas, duplicando el número de advenimientos sucedidos en la «Crisis de los Cayucos». Mientras que a Baleares y Península solo han llegado 704 personas y 55 embarcaciones, las entradas por vía marítima en Ceuta y Melilla  se reducen respectivamente en un -100% y un -67%; por vía terrestre, disminuyen en un 7%. 

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el pasado jueves, 8 de febrero, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, Nuakchot, capital del país mauritano para reunirse con el presidente de la región, Mohamed Ould Ghazouani, con el objetivo de reforzar la cooperación que frene la llegada de pateras a Canarias. Para ello, Bruselas otorgará unos 200 millones de euros y España promete 300 millones para solventar la inseguridad y la falta de oportunidades económicas de la región que permitan al país africano gestionar los cientos de miles de refugiados que en él viven. 

No obstante, la situación se agrava con la situación migratoria del Sahel, territorio inmerso en un aumento del terrorismo y de la inestabilidad política. Desde el año 2020 han habido ocho insurrecciones en esta zona del continente africano. Hecho que trasciende a regiones como Mali, Guinea-Conakry, Chad, Sudán y Burkina Faso. Lo que trae consigo procesos de migraciones masivas, con la consecuente llegada a España y Europa (la mayoría de inmigrantes irregulares que usaron la ruta mauritana provienen del Sahel).

Tras la crisis de refugiados en Europa de 2015 y el acuerdo migratorio firmado entre la UE y Turquía en 2016, que suponía que Ankara controlaría los flujos humanos en la ruta del Mediterráneo y el Egeo mediante el pago de 6000 millones de euros por parte de la Unión Europea —actualmente paralizado—, trajo consigo el esparcimiento de millones a Libia, Marruecos o Túnez, países condenados por las violaciones de derechos humanos con las que se reprimen a los refugiados. A lo que se ha sumado Mauritania, país sumido en su propia crisis de inmigrantes —alrededor de 150.000 solicitantes de asilo—.

Desde el ejecutivo canario, presidido por Fernando Clavijo, solicitan soluciones efectivas al gobierno central —al cual respaldaron en la investidura de Pedro Sánchez—. Tras varios meses de peticiones y la consecuente creación del plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural —las islas llevaban desde el 2004 sin un plan estratégico—, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Riego, visitó el pasado 30 de enero la Isla de Tenerife para llevar a cabo un cambio legislativo propuesto por Coalición Canaria que permita que la distribución de menores sea obligatoria. A pesar de ello, Rego declaró que dicho acuerdo tendrá que esperar, dada la inestabilidad política de España.