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«Menas de 30 años»: el fiscal jefe de Canarias denuncia la gestión migratoria del Gobierno

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«¿Aquí los van a traer?», se sorprende una mujer. «Yo pensaba que se los llevaban a Campamento». Comentarios como estos, de vecinos de Carabanchel, donde 800 inmigrantes serán acogidos en las instalaciones del viejo cuartel general de Arteaga, indican que la preocupación por la crisis de los cayucos de Canarias ha llegado a la península.

Incluso el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, exigió este miércoles una mayor coordinación y transparencia entre las administraciones para atajar este problema. «Es cierto que están llegando inmigrantes y viniendo de Canarias aquí, a la ciudad de Madrid. He tenido una conversación con el delegado del Gobierno donde también he pedido que se nos dé un traslado de la información, donde se nos diga el número de inmigrantes y sobre todo que se refuercen, en su caso, las medidas correspondientes para garantizar la seguridad», declaró el alcalde. Mientras tanto, unos 250 inmigrantes han llegado a la capital, la mayoría en vuelos nocturnos para evitar revuelo social y mediático, donde han sido alojados en albergues y hostales.

Lo cierto es que llueve sobre mojado tras la mayor crisis migratoria que han registrado las Islas Canarias desde el ya lejano 2006. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, un total de 8.561 inmigrantes habrían llegado a Canarias en la primera quincena de octubre, lo que supone todo un récord desde la crisis de los cayucos, cuando esta ruta marcó su máximo histórico. En total, desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre, las islas habrían recibido 23.537 ilegales, una cifra que aún dista de los 31.678 que llegaron aquel año 2006, pero que ya supera la registrada durante la crisis migratoria del 2020.

Esto ha propiciado que el fiscal jefe de Canarias se haya visto desbordado y haya lanzado un mensaje de socorro ante su incapacidad de poder hacer frente a semejante avalancha. El fiscal admite que las «constantes llegadas de cayucos y pateras», tanto en esa isla como en El Hierro, han desbordado al Ministerio Público en Tenerife. Y añade, en una nota interna que está siendo «imposible acometer el trabajo» para, entre otras tareas, verificar la edad real de los inmigrantes que ingresan en Canarias diciendo ser menores no acompañados.

En dicha nota, el fiscal jefe admite que todas medidas adoptadas para intentar capear la situación actual migratoria «se han demostrado insuficientes, en especial en cuanto a los expedientes de determinación de edad de los menores no acompañados (menas) que arriban en dichas embarcaciones», algo que también confirman fuentes policiales: «Están admitiendo como menas a tíos de 30 años».

También las asociaciones profesionales y sindicatos de las FFCCSSEE denuncian la desprotección de los agentes destinados en Canarias ante brotes de «enfermedades infectocontagiosas», como sarna y tuberculosis, detectadas entre los inmigrantes que están llegando masivamente a las islas. «Estamos evaluando tomar medidas legales ante la incompetencia de la Administración», afirmaba ayer Jacobo Rodríguez, portavoz del SUP. Además, confirmaron a ABC que hoy mismo el SUP y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) remitirán una carta al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar esta situación y exigir medidas. Hasta el momento lo único que han recibido es un pedido de guantes y mascarillas para prevenir los contagios, algo que los sindicatos policiales consideran insuficiente.

Lo cierto es que toda esta situación no sólo afecta a Canarias y Madrid, sino que ha desembocado en la política nacional donde cargos políticos de diversas comunidades autónomas no se esconden a la hora de manifestar su preocupación por el reparto de inmigrantes en la Península.

El más contundente hasta el momento ha sido el de Castilla y León que ha dado un plazo de 48 horas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá para que convoque una “conferencia sectorial” para analizar y poder planificar «juntos» los traslados de inmigrantes desde Canarias tras la «deslealtad» y el «oscurantismo» que ha supuesto la falta de información hasta este momento, una actitud que ha «lamentado y condenado profundamente».

«Queremos saber cuántos migrantes van a venir, queremos saber cómo van a venir, queremos planificar con ellos los recursos y que nos cuenten cuál es la política migratoria que tienen», ha explicado la consejera de Castilla y León, Isabel Blanco, en ese llamamiento al Gobierno de la nación a que no siga siendo «desleal» con la Junta, «como lo ha sido hasta este momento», ha reiterado. Blanco ha definido a Castilla y León como «una tierra de acogida» y como una comunidad autónoma «solidaria y amiga» de Canarias que, según ha evidenciado, es parte del Estado español.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoo, ha denunciado este viernes la descoordinación e improvisación del Gobierno de España con los inmigrantes que están trasladando desde Canarias y que está creando tensión con los municipios y las comunidades autónomas. Ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado de «abrazar» en las costas de Levante a los inmigrantes del buque Aquarius a trasladar a los que llegan a las costas de Canarias a la Península sin hablar con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos «metiéndolos en un avión y dejándolos en paradas de autobuses».

En declaraciones a Canal Sur Radio, Feijóo ha señalado que «lo mínimo es sentarse para ver cómo solucionamos el problema, primero en origen y cuando lleguen también como se encuentra una solución a la repatriación», ha señalado el líder del PP, quien ha reiterado que es necesario que el Gobierno se siente con las comunidades autónomas y los municipios.

Estas declaraciones han causado mucha sorna, pero también polémica. ¿Qué pasa realmente con los inmigrantes que son trasladados a la Península? Migraciones está buscando emplazamientos por toda la península para garantizar una acogida digna a los inmigrantes. «Se están viendo muchos espacios» tanto públicos como privados para saber qué disponibilidad existe y estar preparados, aseguran fuentes de este departamento que insisten en que en estos momentos no hay problemas.

Según el protocolo habitual, pasadas las 72 primeras horas, mientras se completa su filiación, Migraciones identifica a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y lo comunica a Interior para que se autorice su traslado a un recurso más adecuado, a las plazas disponibles en toda la red, que pueden ser centros propios de la Administración gestionados por ONG o espacios habilitados a tal efecto.

No obstante, los inmigrantes no están obligados a permanecer en los centros y pueden circular libremente por el territorio nacional. Así que, partiendo de esta premisa, el departamento dirigido por Escrivá dice desconocer el número total de ilegales que se habrían trasladado en las últimas semanas a otros puntos de nuestra geografía.

Muchos deciden utilizar sus propias redes de apoyo familiares y en ocasiones su destino final es otro país europeo, normalmente del norte, donde ante las avalanchas migratorias recibidas en los últimos años están empezando a tomar medidas más restrictivas.

Tal es el caso de Suecia, donde su primer ministro Ulf Kristersson, anunció recientemente medidas para dificultar el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales, en un intento de disuasión de nuevas llegadas y como medida también de presión hacia una mayor integración a los que ya se encuentran en el país. «Desde 2012, más de 770.000 inmigrantes de países no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo han ingresado en Suecia», manifestó Kristersson. «Debido a una política de integración que casi no plantea exigencias ni proporciona incentivos para integrarse en la sociedad, esta forma de inmigración ha creado una Suecia dividida», añadió. Con esa división, se refería a «la segregación, la exclusión social, el desempleo, los malos resultados escolares y la falta de valores suecos comunes», además de «tener problemas significativos con extranjeros desempleados y que dependen únicamente de las prestaciones, especialmente las mujeres.»

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