Según estudios de las propias comunidades, en España hay más de 2 millones y medio de musulmanes. En el año 2015 se daba la cifra de la existencia de 1.200 lugares de oración registrados, pero se creía que habría otras 800 encubiertas. En la actualidad el número oficial es de cerca de 1.800 lugares de oración.
Ya han transcurrido 32 años desde la aprobación de la Ley 26/1992 por la que se dotaba a los seguidores de Mahoma de un estatus legal relevante. En este ‘Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España’ ya se reconoce la protección legal de la figura de la mequita, sumado a otros numerosos ámbitos como los cementerios propios o la enseñanza del Islam en los colegios.
Sin embargo las reticencias que suele despertar la edificación de nuevas mezquitas ha impedido que su número se eleve al ritmo de la demanda de las principales congregaciones mahometanas afincadas en nuestro país. Son relativamente recientes las oposiciones populares a la edificación a una gran mezquita central en Sevilla, así como las resistencias de la localidad mallorquina de Manacor.
En esta cuestión el dinero no es menos importante, y es que hay varios países interesados en financiar futuras construcciones, para así poder influir tanto en el personal de esas futuras mezquitas como en el mensaje doctrinar que desde ellas se expone. Entre los más interesados se destaca Arabia Saudí, siendo este estado el que sufragó la colosal construcción de la mezquita de la M-30. En este centro, como ya hemos indicado, solo se hace proselitismo de la rama sunita wahabita que impera en el reino de los herederos de Saud. Además se han encargado del financiamiento de las mezquitas de Málaga, Fuengirola o Marbella.
El otro gran interesado en este ámbito es Marruecos, que ejerce una fuerte influencia en Melilla, Ceuta y Cataluña, pero se ha conocido que ha intentado influenciar en todas las asociaciones islámicas peninsulares registradas. Otro medio de financiación es la cuestión del «dinero halal», procedente de los negocios que consiguen este certificado.
Y es que si bien las implicaciones de la financiación exterior son claras, surge la duda de si estas comunidades deben ser sufragadas y amparadas por el Estado español. Ciertos analistas interpretan que esto evitaría la radicalización clandestina, con tristes episodios en nuestras efemérides patrias como los atentados de las Ramblas, instigados por el imán de Ripoll. A todas luces resulta evidente la contradicción en promover la moderación mediante la promoción estatal de una religión que se ha demostrado una vez tras otra que carece de una versión moderada y modernizada.
