Desde el año 2020 un total de 36.842  personas han sido detenidas o investigadas por delitos de okupación de viviendas según datos del Ministerio del Interior. Al igual que en los datos sobre crimen y delincuencia, se aprecia un número proporcionalmente mayor de personas extranjeras sobre los nacionales involucradas en este tipo de delitos. En este caso, se trata de algo más de la mitad.

Estos delitos serían allanamiento (entrada o permanencia en morada ajena en contra de la voluntad del morador) y usurpación (ocupación de forma ilegal de un inmueble deshabitado sin que exista el consentimiento de los propietarios), quedando fuera de esta cifra aquellas personas que siguen residiendo en una vivienda pese a no poder pagar el alquiler o la hipoteca por motivos de pobreza y vulnerabilidad social y que suponen la mayoría de los casos.

Del total, algo más de la mitad (18.738) son de nacionalidad extranjera, por lo que en realidad si se sumaran los casos de personas de origen extranjero que poseen la nacionalidad española la cantidad aumentaría considerablemente.

Las viviendas que más sufren de okupación son propiedades de bancos y de fondos buitre, pero también se ha ido viendo un aumento en propietarios particulares, aunque las cifras aportadas denotan una cierta disminución en la ocupación. 

El perfil del okupa es diverso, pueden serlo por estricta necesidad económica, pueden ser personas engañadas por mafias que ocupan viviendas ilegalmente y las arriendan a terceros aprovechándose de las necesidades de la gente o directamente son okupaciones realizadas por delincuentes que acaban creando narcopisos en los que se desarrollan diversas actividades delictivas.