El pasado viernes, un motín protagonizado por una treintena de menores en el centro de acogida de La Purísima, en Melilla, puso de nuevo en evidencia la grave situación que atraviesa el dispositivo de atención a menores. Los jóvenes exigieron 10 euros como gratificación por el final del Ramadán y la negativa desató un estallido de violencia.

Al no obtener respuesta favorable, los menores adoptaron una actitud agresiva. Bloquearon el acceso a la Dirección, lanzaron piedras y objetos contundentes contra el personal y amenazaron de muerte al responsable del centro, quien presentó denuncia ante la Guardia Civil. Algunos trabajadores quedaron retenidos hasta que otros compañeros lograron evacuar al director.

La violencia se trasladó al exterior cuando los jóvenes forzaron las puertas del recinto y continuaron el ataque desde fuera, lanzando más piedras contra los empleados. La intervención de la Guardia Civil dispersó al grupo, aunque los insultos y amenazas continuaron. Varios trabajadores resultaron heridos y se registraron daños materiales significativos.

«El problema es diario y no contamos con medios ni respaldo institucional», denuncian los empleados. La situación se agrava con la reducción de vigilantes en el nuevo contrato de seguridad, lo que ha generado preocupación entre sindicatos y trabajadores.

A la falta de recursos se suma el reciente anuncio del Gobierno de aumentar el número de menores acogidos en la ciudad. «Si llegan más jóvenes, lo lógico sería reforzar el dispositivo, no debilitarlo», subraya uno de los trabajadores de este centro.

El personal insiste en que su labor es educativa y de protección, no represiva. Sin embargo, exigen condiciones laborales dignas y medidas que garanticen su seguridad. Mientras tanto, el centro sigue operando en un clima de tensión creciente que amenaza con cronificarse si no se toman medidas urgentes.