El pasado agosto se cumplía un año y medio del encarcelamiento de Pablo González Yagüe en Polonia, periodista y politólogo destinado en la frontera del país con Ucrania, para informar de la crisis humanitaria derivada de la guerra con Rusia. Desde su detención el 28 de febrero de 2022, el tribunal polaco no ha parado de prolongar la prisión provisional del periodista, llegando a prorrogarla hasta seis veces a lo largo de estos más de 18 meses. Dada la evidente falta de legalidad por parte de Polonia durante todo este proceso, de nuevo nos encontramos con otro abuso de cariz diplomático hacia España, al que nuestro gobierno responde con una total inacción. La detención de Pablo González, acusado de espionaje para Rusia, está rodeada de incógnitas, de procedimientos poco lícitos y despotismo por parte de Polonia, que todavía no ha manifestado oficialmente prueba alguna de las acusaciones contra González. Ante lo que en muchos ámbitos se califica de «retención ilegal», primero habría que remitir a los hechos que rodean su detención.
El 6 de febrero de 2022, Pablo González está informando en directo desde un pueblo de Ucrania, cuando es abordado por un grupo de militares que le obligan a borrar todo el material que tenía grabado. Es identificado y fotografían su pasaporte, y el servicio de inteligencia ucraniano le llama para que se persone en sus instalaciones en Kiev, para prestar declaración sobre su trabajo y su presencia en la zona. Tras un interrogatorio de 4 horas, clonan su teléfono y es instado a abandonar el país en el plazo de 72 horas, sin llegar a dictar una orden legal de expulsión. A su vez, el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) visita a algunos de los familiares y amigos del periodista en España, quienes se sienten intimidados durante la investigación, y les advierte sobre su vigilancia. Tras estos acontecimientos, Pablo habla con el cónsul español en Ucrania y regresa a España durante 15 días, en los que no vuelve a recibir noticias con relación al incidente.
El 24 de febrero viaja a Polonia para informar sobre el éxodo de refugiados en la frontera y en la madrugada del día 28 es detenido por los servicios secretos polacos en el hotel Przemysl. El reportero es aislado sin recibir asistencia ni protección consular. Días más tarde es acusado de delito de espionaje para Rusia, alegando que Pavel Aleeksevich Rubtsov (nombre de nacimiento de Pablo, de origen ruso) es su alias como espía, y se decreta la prisión provisional hasta el 29 de mayo. En un principio, la fiscalía polaca trata de mantener los cargos en secreto, una total falta a la libertad de información. Asimismo, en el gobierno de España se hace por completo el silencio, mostrándose esquivo a declarar sobre la situación de Pablo. Durante los primeros meses de su detención y ante la postura indolente del Gobierno, se crea la plataforma #FreePabloGonzález por sus compañeros del máster en Periodismo. Desde ésta se comienza a hacer trabajo de agitación para dar visibilidad al caso, se recogen firmas para presionar por su liberación, se lanza una campaña de recaudación de fondos para costear los gastos de asistencia legal, etc. Sin embargo, ningún esfuerzo parece romper con la percepción de abandono que rodea a Pablo.
Desde entonces, su estancia en prisión es prorrogada una y otra vez. La justicia polaca continúa sin presentar ninguna prueba de los cargos de espionaje que se le imputan, mientras rechaza cada uno de los recursos presentados por Pablo, y ponen todo tipo de trabas a la documentación aportada por su abogado. No se le permite la comunicación telefónica con su familia y su abogado, Gonzalo Boyé, pasó casi un año sin poder hacerse cargo de su defensa. Respecto a esto, Boyé no tuvo acceso a la causa judicial hasta agosto, ni se le permite nombrar peritos que inspeccionen, bajo control judicial, el teléfono móvil o el ordenador que se incautaron al detenido.
A día de hoy, el gobierno de España sigue mirando hacia otro lado mientras un español sigue retenido ilegalmente desde hace más de un año y medio. Pedro Sánchez declara no considerar necesario elevar una queja formal a Polonia y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no sólo muestra una total pasividad, sino que no cumple con su obligación de velar por los derechos de un ciudadano español.
El caso de Pablo González no sólo pone en evidencia la dudosa libertad de prensa en Europa, sino la vergonzosa actitud del gobierno de Sánchez sigue rehuyendo responsabilidades, evitando la confrontación con Polonia, e ignorando esta vulneración de los derechos de uno de sus ciudadanos.