Los dramáticos incendios que se han producido en la ultima semana en toda España con gravísimas consecuencias ecológicas, económicas, y de perdidas humanas y de patrimonio natural han reavivado la polémica sobre las políticas agrarias comunitarias (PAC) de la UE y otras legislaciones españolas al respecto.
Este asunto genera debate todos los veranos, siendo este año de especial importancia al haber sido un año lluvioso, las altas temperaturas del verano y la intensidad de los incendios este agosto, distribuidos además por toda la geografía nacional.
En 2025 la quema de rastrojos, practica agrícola habitual hasta no hace tanto, esta regulada por la Política Agrícola Común (PAC), para el período 2023-2027, por la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular y por normativas autonómicas y municipales.
La PAC y su trasposición al ordenamiento jurídico español establecen la prohibición general de la quema de rastrojos de cultivos herbáceos en todo el territorio nacional. Con excepciones permitidas que son razones fitosanitarias, si no hay otra alternativa para evitar plagas y para prevención de incendios, siempre con autorización de la autoridad competente.
Esta quema autorizada debe cumplir con normas de prevención de incendios (como franjas perimetrales de seguridad). y solo se permite si se justifica que no hay otro método viable. Las explotaciones pequeñas y micro están exentas de la prohibición general. Cada ayuntamiento además puede incluir otros requerimientos como prohibiciones en días festivos, limitar a periodos concretos del año, etc.
Y es cierto que la quema de rastrojos sin control o sin las suficientes medias de seguridad en el pasado ha sido una causa clara de incendios forestales. Era evidente que es una practica que requiere de regulación y control. Pero según la opinión de expertos y agricultores se ha ido a un extremo exagerado y en podría estar ocasionando problemas similares a los que supuestamente quería evitar.
Antes de la entrada en vigor de la nueva PAC en 2023 y de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, la quema de rastrojos en España estaba regulada principalmente por normativas autonómicas y ordenanzas locales, y era una práctica permitida bajo ciertas condiciones. Esta era una práctica habitual y tradicional. Y era una técnica común para eliminar restos vegetales tras la cosecha. Usándose además para controlar plagas, fertilizar el suelo y prevenir incendios mediante la eliminación de biomasa seca.
La regulación estaba totalmente descentralizada, y en cierta manera estaba adaptada a las características propias de cada región. Lo cual es algo positivo ya que la meteorología, la vegetación, orografía y el tipo de explotación agropecuaria es muy diferente en cada autonomía e incluso dentro de una misma provincia hay grades diferencias. Por lo que una política diferenciada esta más acorde a la realidad de cada zona
Antes de la nueva PAC cada comunidad autónoma establecía sus calendarios de quema, zonas permitidas y requisitos técnicos. Por ejemplo, se exigía autorización previa, horarios específicos, distancias mínimas a zonas forestales y presencia de medios de extinción.
Aunque la quema estaba permitida, los agricultores debían cumplir con ciertas condiciones medioambientales para recibir ayudas de la PAC. Estas condiciones eran menos estrictas que las actuales.
No existía una prohibición generalizada como la que introdujo la Ley 7/2022, ya que no había una legislación específica sobre los Residuos. La quema se consideraba una forma válida de gestión de residuos vegetales, siempre que se hiciera de forma controlada.
Las opiniones de agricultores, ganaderos y expertos sobre la prohibición de la quema de rastrojos en España están divididas y reflejan una fuerte tensión entre las necesidades prácticas del campo y los objetivos medioambientales de la nueva legislación. Entre agricultores y sindicatos agrarios se generó un fuerte malestar al respecto. La situación se describió como de “cabreo” y “confusión” literalmente según los sindicatos cuando entro en vigor la Ley 7/2022. Desde ASAJA Cádiz se criticó que “no se puede legislar temas del campo desde los despachos” Y desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía se señaló que, en el olivar, donde se generan grandes volúmenes de residuos, la quema es la única opción viable en zonas de pendiente. La alternativa del triturado no es factible en muchos casos. ni paralizar el campo”. Antes de la puesta en vigor este colectivo ya advirtió que la acumulación de residuos es “un polvorín” que puede provocar incendios. Tristemente esta predicción se ha hecho cierta en los últimos años.
Los expertos agronómicos también expresaron en su momento argumentos técnicos a favor y en contra. Los argumentos a favor de la quema son que permite limpiar el terreno rápidamente; que devuelve algunos nutrientes al suelo mediante las cenizas. Y que ayuda a controlar enfermedades y malas hierbas (aunque con eficacia variable). En contra de la quema los argumentos son que esta que reduce la materia orgánica del suelo a largo plazo. Se afecta negativamente a la biodiversidad microbiana. Y el evidente riesgo de incendios incluso en quemas controladas. Y que la quema no siempre mejora el control de plagas ni de malas hierbas de forma significativa.
La realidad es que la prohibición de la quema de rastrojos ha generado varias consecuencias negativas, tanto desde el punto de vista agronómico como logístico y económico, especialmente en zonas rurales. Entre ellos la acumulación de residuos vegetales. En cultivos como el olivar, donde se generan grandes volúmenes de restos de poda (hasta 3.000 m³ por hectárea cada dos años), la falta de quema ha provocado acumulaciones que se consideran un «caldo de cultivo para incendios» Los agricultores denuncian que se está generando un «polvorín» en el campo, con riesgo elevado de incendios forestales en primavera y verano. También ha traído un aumento de plagas y enfermedades. En zonas donde no se puede mecanizar (como olivares en pendiente), los restos no gestionados favorecen la propagación de plagas como el barrenillo. La quema tradicional ayudaba a eliminar inóculos de enfermedades y semillas de malas hierbas, aunque los estudios muestran que su eficacia es variable.
Y también conlleva sobrecostes económicos , a veces difíciles de asumir, ya que el triturado y enterrado de rastrojos requiere más pases de maquinaria, lo que encarece el cultivo y retrasa la siembra, especialmente en años con mucha paja. Por lo que agricultores denuncian que la normativa genera un sobrecoste inaceptable para muchas familias rurales.
Reprochándose sobre todo los problemas con los permisos y otros problemas administrativos ya que en algunas zonas incluso cuando cabe la posibilidad de quemarse los rastrojos por estar dentro de las opciones que lo permiten los permisos de quema tardan días o semanas, lo que genera frustración. La gestión de permisos para quemas excepcionales es lenta y desigual. En Cataluña, por ejemplo, se presentaron 1.671 solicitudes y solo se resolvieron 1.197.
Para muchos agricultores, la quema sigue siendo una herramienta esencial, especialmente en cultivos como el olivar o en zonas con difícil mecanización. Para legisladores, es una práctica ambientalmente insostenible que debe limitarse o eliminarse progresivamente.
Los expertos han propuesto diversas alternativas sostenibles y técnicas para sustituir la quema de rastrojos, con el objetivo de mejorar la salud del suelo, reducir emisiones contaminantes y fomentar el aprovechamiento energético. Entre ellas se planten la trituración e incorporación al suelo de los restos con uso de maquinaria y dejarlos en el terreno como materia orgánica, de esta manera mejora la fertilidad del suelo y reduce la erosión. Puede aportar hasta 900 kg/ha/año de humus en el caso del maíz. Otras opciones son laboreo mínimo, que evita remover profundamente el suelo, lo que conserva su estructura y biodiversidad. Reduce costes, consumo energético y emisiones. O la transformación de los rastrojos en compost para fertilización orgánica. Requiere infraestructura y tiempo, pero es una opción viable para explotaciones medianas y grandes
También se proponen soluciones energéticas como Centros logísticos de biomasa. En los que se Recogen, trituran y procesan los restos agrícolas para producir pellets o astillas para calderas. Este uso biomasa agrícola para alimentar sistemas de calefacción en “aldeas inteligentes” lo que en teoría promueve la autosuficiencia energética rural y genera empleo local. Otros usos propuestos son alimento para ganado la paja puede usarse como forraje. Industria rural aprovechamiento en papel, materiales de construcción o bioplásticos. Y cobijo para fauna: dejar los rastrojos en superficie favorece la biodiversidad y protege especies amenazadas
También se han propuesto otras soluciones administrativas, en algunas comunidades autónomas, como Galicia, han optado por mantener sistemas de comunicación previa en lugar de exigir autorizaciones individuales para cada quema. Y se están debatiendo modificaciones legislativas para flexibilizar la aplicación de la Ley 7/2022, especialmente en zonas rurales con alta carga de residuos
Medidas que sobre el papel y de manera teórica son muy interesantes, pero que desde un punto de vista practica no se están aplicando en su totalidad por los números obstáculos y desafíos a los que se enfrenta, que principalmente son costes elevados, ya que muchas alternativas requieren inversión en maquinaria o infraestructuras. La falta de incentivos los agricultores reclaman ayudas para facilitar la transición. Desigual aplicación territorial algunas comunidades como Galicia han mantenido sistemas de comunicación previa para quemas, mientras otras aplican la ley más estrictamente. Falta de logística: en zonas con alta producción de restos (como viñedos o kiwis), no siempre hay vías para gestionar la biomasa.
Y la pregunta que ahora se plantea es si realmente estas leyes que prohíben la quema han mejorado o empeorado el riesgo de incendios.
Según la Fiscalía de de Medio Ambiente, un gran número de incendios forestales en España se originan y originaron por quemas de rastrojos mal gestionadas. Y que un importantísimo número de los incendios forestales que dan lugar a procedimientos penales se producen como consecuencia de este tipo de prácticas. Pero realmente es un problema mas de negligencia de como se aplica esta técnica que de la técnica en sí. Ya que por otra parte algunos expertos indican que no quemar los rastrojos también presentan grandes riesgos. La prohibición de la quema puede provocar la acumulación de restos vegetales en el campo, lo que aumenta el riesgo de incendios si no se gestionan adecuadamente. Que, en años de alta sequía y temperaturas extremas, esta biomasa seca se convierte en combustible potencial.
Por tanto, no hay una respuesta clara sobre la bondad de la medida y las soluciones aportadas para compensar la prohibición no han venido acompañadas de medida para aplicarlas. Y mientras la discusión esta sobre la mesa nuestros bosques agonizan en incendios
