Mediante un comunicado oficial, Moncloa anunciaba el pasado 4 de abril la visita del Presidente, Pedro Sánchez, a la zona de investigación  del Valle de Cuelgamuros. Éste acudió a la visita junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, y al Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Los parlamentarios, guiados por un grupo de seis forenses y veinte investigadores, se han informado sobre las diferentes labores que se están llevando a cabo con el objetivo de la identificación y exhumación de los cuerpos de las 160 víctimas del franquismo allí enterradas, y cuyas familias reclaman desde hace años.  

Según fuentes oficiales, esta visita se encuadraría dentro del marco de revisión y control de los trabajos relacionados con la Ley de Memoria Democrática. Unos trabajos que, en Cuelgamuros, comenzaron en junio del 2023, y que desde entonces han logrado la identificación y entrega a las familias de los restos de once de esas 160 víctimas. 

El mismo Pedro Sánchez, a las 12:26 del mediodía del 4 de abril, y mediante la red social X (antiguo Twitter), informaba de la visita y apostillaba su publicación con las siguientes palabras: «Justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas de la guerra y la dictadura».

La polémica surge cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), y el abogado representante de nueve de estas familias, Eduardo Ranz, acto seguido de darse a conocer la noticia, envían una queja formal al gobierno. Muchas de estas 160 familias llevan reclamando visitar el lugar y los trabajos en el Valle desde su inicio en 2023. Unas demandas  que jamás obtuvieron una respuesta oficial. De hecho, el ejecutivo siempre se ha amparado para su negativa en motivos de seguridad y protocolos asociados.

Si anteriormente señalábamos que desde la cuenta oficial del presidente en X se informaba de dicha visita a las 12:26 del mediodía, según Eduardo Ranz a través de EFE, la ARMH habría recibido a las 18:00 horas —mediante carta firmada por el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez— una invitación oficial a visitar el Valle de Cuelgamuros, con el objetivo de mostrar a las familias afectadas las labores de investigación y exhumación. Estas habrían de llevarse a cabo en grupos pequeños, que serían recibidos por un equipo de forenses dispuestos a mostrar detalladamente las labores de investigación, como a responder a todas aquellas dudas que puedan ir surgiendo durante el recorrido. 

Ahora, el rechazo sistemático del ejecutivo a la ARMH desde junio del 2023, la coincidencia entre la visita de Sánchez con el envío de la invitación oficial pocas horas después de que la Asociación presentase la queja formal y el hecho de que el gobierno se muestre espontáneamente mucho más laxo respecto al régimen de visitas al Valle, escudándose en el aumento y consolidación de la seguridad, ha llevado a muchos a interpretar dicha visita oficial como un movimiento político fallido. Un error de cálculo fruto del enfrentamiento entre gobierno y oposición por la Ley de Memoria Democrática en las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox como Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón, donde se está legislando, según el gobierno, con medidas que chocan frontalmente con esta, y a las que se han pasado a denominar «Leyes de Concordia». 

Es más, el gobierno de coalición ha amenazado con recurrir no sólo al Tribunal Constitucional para frenarlas, sino a la ONU, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. 

Pero las consecuencias no acaban aquí. El pasado miércoles 10, con motivo de la comparecencia parlamentaria de Pedro Sánchez en representación del gobierno, y con el objetivo de mostrar el firme compromiso de reconocer el estado de Palestina, ejecutivo y oposición han intercambiado duras acusaciones que, en un momento determinado, han versado sobre el episodio de Cuelgamuros. Las declaraciones más duras las han protagonizado Santiago Abascal e Íñigo Errejón. La parte de Vox ha acusado a Sánchez de hacerse «fotos con calaveras», de «necrofilia, división y rencor» y de estar «pisoteando los derechos de las víctimas de la Guerra Civil para camuflar la corrupción», mientras que Errejón respondía desde la tribuna: «Cómo ha escocido, señor Abascal, cómo ha escocido», «hace falta ser fascista o mala persona, si es que hay alguna diferencia, para que a alguien le moleste que los familiares de víctimas enterradas en un mausoleo de un dictador puedan dar sepultura a sus seres queridos».