Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1998, ha visto cómo una de sus calles en el barrio del Ensanche se ha transformado en un punto neurálgico para la gestión de los flujos migratorios en España. Este cambio se ha materializado en la gestión de un centro que funciona como un eslabón clave para la acogida de «apátridas» y «solicitantes de asilo». Estos términos abarcan un espectro legal bastante amplio. En la práctica cotidiana observada en la ciudad, los usuarios de este centro son mayoritariamente hombres jóvenes, en edad militar (y laboral, tanto aquí en España como en sus países de origen), irregulares y muchos sin identificar oficialmente. Esta realidad genera debate sobre el perfil específico que acoge el centro, especialmente en lo que respecta a la identificación oficial de los individuos y su situación legal.
Dicho centro comenzó a operar el 28 de noviembre de 2023, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ubicado en el antiguo acuartelamiento Primo de Rivera, este centro fue establecido para atender a personas trasladadas desde Canarias, debido al incremento de llegadas por la ruta atlántica.
Además de esta ambigüedad respecto a lo que entendemos por «apátridas» y «solicitantes de asilo», encontramos contradicciones entre la prensa, tanto local como nacional. Por ejemplo, según un artículo publicado en Edream Alcalá, que recoge declaraciones de representantes del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), existen discrepancias en los datos manejados por ambas formaciones. Desde el PP se afirma que el centro, uno de los cuatro de su tipo en España, acoge actualmente a más del doble de su capacidad inicial —de 600 a 1.700 personas— en una ciudad que ronda los 200.000 habitantes. Desde su apertura, se estima que han pasado por él más de 7.000 personas, lo que, según algunos testimonios políticos, se habría producido sin los controles suficientes. Por su parte, el PSOE desmiente dichas cifras, especialmente en lo que respecta a la presencia masiva de menores; además, subraya que no se puede ni debe vincular la delincuencia con inmigración.
El centro ha sido objeto de debate político y social. Mientras que el Gobierno central lo considera una medida necesaria para gestionar la presión migratoria, autoridades locales, como la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, han expresado preocupaciones sobre la falta de coordinación y recursos adecuados para atender a los migrantes y garantizar la convivencia en la ciudad. Paralelamente, la alcaldesa, según informaciones periodísticas, se encuentra actualmente en un proceso judicial, investigada por presunta filtración de denuncias de agresiones sexuales atribuidas a residentes del centro. En los barrios colindantes circulan rumores sobre que dicho número de denuncias superaría lo registrado y expuesto oficialmente. Estas especulaciones, que se mantienen en la esfera informal, reflejan una percepción de que ciertas informaciones no están saliendo a la luz pública. La gestión de la información y la percepción de seguridad en el barrio han alimentado el debate sobre transparencia institucional, convivencia y la capacidad de las administraciones para afrontar los retos derivados del modelo migratorio actual.
Varios altercados ocurridos en las inmediaciones del CAED de Alcalá de Henares han sido recogidos en medios de comunicación nacionales y locales como 20 Minutos, ABC o La Gaceta de Madrid. Uno de los incidentes más reseñados tuvo lugar en el parque conocido popularmente como «el parque de la tirolina», ubicado en las cercanías del centro y de la RENFE. Según las crónicas policiales, se produjo una pelea entre varios jóvenes, resultando algunos heridos y otros detenidos. Las personas implicadas serían de nacionalidad marroquí y de origen subsahariano. Este tipo de sucesos ha generado preocupación entre algunos vecinos.
También se ha registrado un incremento de otro tipo de delitos en Alcalá de Henares, según recogen los últimos informes del Ministerio del Interior, especialmente en lo relativo a robos y hurtos. Aunque estos datos oficiales no siempre se traducen en una amplia cobertura mediática, vecinos del entorno del centro de acogida aseguran que es posible observar comportamientos que consideran inusuales o sospechosos. Algunos residentes relatan incidentes como la manipulación de contenedores mediante barras de metal —aparentemente moldeadas con piedras— o el hallazgo de mochilas vacías en la vía pública, tras haber sido revisadas y desvalijadas, según afirman. Estas situaciones, aunque no siempre formalmente denunciadas o documentadas, alimentan una sensación de inseguridad entre parte de la población local.
Vecinos denuncian un aumento de la inseguridad, mayor ruido durante las noches, y una sensación de abandono ante la escasa presencia policial. Algunas personas, especialmente mujeres y personas mayores, manifiestan sentirse intimidadas ante la posibilidad de ser víctimas de delitos como robos o agresiones sexuales.
La transformación social de los barrios también es objeto de conversación frecuente entre los vecinos: negocios tradicionales cerrados, un tejido comercial que ha cambiado y un entorno que muchos consideran distinto al de hace solo unos años. En un barrio cercano a la RENFE existen un par de fruterías regentadas por españoles, frente a un mayor número de comercios del mismo tipo procedentes de regiones del norte de África, evidenciados por el propio nombre del negocio. No se ha comunicado un plan a largo plazo para favorecer la convivencia ni para afrontar el impacto de estos cambios en la vida cotidiana. Después de casi dos años de funcionamiento del CAED, no se han anunciado objetivos específicos para la integración u otras medidas para abordar esta situación.