El 29 de enero de este 2025 cerca de 200 inmigrantes llevaron a cabo una gran manifestación que se desplazaba desde el hotel en el que se alojaban hasta el ayuntamiento de Guardamar del Segura al grito de “este país no es bien”. Esta movilización llegó a paralizar el tráfico, lo que obligó a actuar a la guardia civil. Para entender la motivación de esta manifestación y cómo se ha llegado a esta situación es importante explicar en orden cronológico los hechos que han llevado a esta situación.

En octubre de 2023 llegan al archipiélago canario más de 9.000 inmigrantes que serían reubicados en distintos lugares de España. 231 de estos inmigrantes irían a parar a este municipio de la Vega Baja del Segura (Alicante). Todos serían hombres de entre 20 y 30 años provenientes de Mauritania, Marruecos, Argelia, Malí y Senegal. Serían acogidos en el Hotel Parquemar, un hotel de 4 estrellas situado en una zona céntrica. Esto tendría el coste de 240.000 euros mensuales.

Durante toda su estancia serían tutelados por la ONG CEPAL. Esta organización está financiada de forma millonaria por el gobierno, recibiendo 50 millones de euros en distintos conceptos a lo largo de 2022 del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además el gobierno le daría 8,4 millones a través de distintos contratos y subvenciones durante la estancia de los inmigrantes en el mencionado municipio.

La estancia de estos inmigrantes ha sido convulsa, aumentando la inseguridad en el pueblo. Según el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) se han producido 3 agresiones sexuales a trabajadoras del hotel, peleas entre los propios inmigrantes “con alguno de ellos en coma”, los cuales se estarían “trasladando a la calle”. 18 teléfonos móviles robados requisado a estos inmigrantes, agresiones a ciudadanos de la localidad destacando entre ellos policías locales y un guardia de seguridad de ocio nocturno. Ante esto la entidad aseguraba que hay una sobrecarga de trabajo por parte de la policía, no teniendo suficientes efectivos para gestionar la situación. Además también afirma que la situación «está alterando la seguridad ciudadana y creando una alarma social importante en el pueblo”.

Fuentes policiales también aseguraban que CEPAL se había resistido a trasladar los datos de los extranjeros alojados en el hotel, pero que la Guardia Civil ya tenía todos los datos de cada uno. Se colocó un coche de policía en frente de la entrada del hotel, mientras que la ONG le impondría un toque de queda a las 23.00 como medida preventiva. 

Por otro lado, el alcalde del PSOE José Luis Sáez, le intentaba quitar peso a la situación calificando la situación como «problemas y circunstancias puntuales, en definitiva, son muchas personas jóvenes que no tienen un cometido o ‘quehacer’ diario, y se tienen que buscar la vida». Por otro lado también aseguraba que «la gente no entiende muy bien cómo es el funcionamiento de un programa de acogida de este tipo».

El 1 de agosto fueron reubicados en la antigua residencia de los Maristas a kilómetros de Guardamar, desde donde se desplazaron en la movilización de este enero. Sus reivindicaciones son un mejor trato por parte de la ONG y que se cumplan los requisitos administrativos para poder trabajar legalmente. Según el alcalde ha sido recurrente la petición de reunión por su parte, reclamándola cada “cuatro o cinco semanas”.