Tras recibir los resultados del Informe PISA sobre la calidad educativa en nuestro país, saltaron todas las alarmas. En el informe figuraba que los resultados españoles en matemáticas cayeron 8 puntos y los de lectura en 14.

Realmente estos números son sólo la traducción del fracaso del sistema educativo en España, que se manifiesta en datos tan duros como que la tasa de abandono educativo temprano (fracción de personas de 18 a 24 años que no había completado la segunda etapa de Educación Secundaria (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato y no seguía ningún tipo de formación) era del 13,9% en 2022.  El informe destaca además que hay diferencias acusadas de abandono de los estudios según género y que estamos muy por encima de la media de la UE. La tasa de abandono en mujeres es del 11,2% (media europea 8%) y en hombres del 16.5% (media europea 11,1%)

Desde luego, el hecho de que continuamente se estén desarrollando nuevas leyes educativas no parece ayudar a que la educación en España mejore. Esto da la sensación de estar en un continuo proceso de prueba y error.  Estos cambios continuos de leyes ni siquiera permiten a una generación completar su ciclo de estudios con un mismo sistema. Llegando a ser habitual que un estudiante «sufra» cambios de organización a lo largo del proceso educativo, con todo lo que conlleva.

Esto sin contar con que estas leyes, una vez aprobadas, se aplican generalmente de manera precipitada, obligando a los profesores a la improvisación por la falta de claridad. Llevamos desde 1970 en una ensalada de siglas, LOE, LOCE, LODE, LOGSE, LOMLOE….  Y así hasta nueve leyes, dos de las cuales no llegaron a entrar en vigor. En esta locura de leyes, ni siquiera era necesario un cambio de partido en el poder, ya que UCD generó dos leyes, el PSOE cinco y el PP dos.  Los hitos principales fueron en 1970 establecer la obligatoriedad de la educación hasta los 14 años y la definición de los niveles que estuvieron vigentes hasta los años 90: EGB; BUP (o F.P) y COU.

En el año 1990, con la LOGSE, la educación se hace obligatoria hasta los 16 años estableciéndose los niveles de educación Infantil; educación Primaria, ESO, Bachillerato y F.P. En este mismo año se pasó de 40 alumnos por clase a 25 (aunque esta medida nos la quieren presentar como muy novedosa por el actual gobierno). En 2002 la ministra del PP, Pilar del Castillo, quiso introducir un examen de reválida al final del Bachillerato –pero finalmente esta ley no entro en vigor–. Con la LOE, ley del PSOE, se introdujo la polémica medida de pasar de curso con hasta dos suspensos.  Los aspectos que más se alternan son incluir o eliminar la educación para la ciudadanía y la polémica sobre el castellano como lengua vehicular o no.  

En 2020 Isabel Celaá (PSOE) incluye dos medidas que levantan ampollas, como la eliminación del castellano como lengua vehicular y la incorporación de alumnos de educación especial en los centros ordinarios. La Ley Celaá da a todas las asignaturas la misma categoría, en vez de estar divididas entre troncales o de libre configuración. Esta ley fue fuertemente criticada por no haber contado con el consenso de la comunidad educativa ni las enmiendas planteadas por la oposición, y los resultados confirman que no ha sido un éxito.

A toda esta sucesión de leyes, hay que sumarle que cada Comunidad Autónoma tiene competencias educativas. Esto permite entre otros aspectos decidir la mitad de los contenidos y establecer su política de evaluación de resultados de los centros y los planes de actuación.  Y también da libertad a cada región ya que pueden diseñar «los contenidos a trabajar, o el horario escolar» (aparte de los mínimos dictados por el ministerio) lo que hace que por ejemplo algunas comunidades lleguen a tener el doble de horas de Lengua castellana que otras. Poco nos pasa dada esta situación tan compleja.

Con el nuevo gobierno de «coalición», se pretende atajar esta situación y como complemento a la polémica Ley Celaá –que suponemos que como las anteriores no durará mucho– se plantean una serie de medidas.  Sobre ellas, la comunidad educativa ha pedido mayor concreción y recursos económicos para poder llevarlo a cabo. Los gobiernos autonómicos gobernados por el PP han pedido al Gobierno la celebración de una Conferencia Sectorial con el fin de abordar «reformas de calado» en lugar de reuniones informales y «actuaciones improvisadas».

Muchas de estas medidas parecen insuficientes y algunas otras se muestran cómo un poco naif y utópicas o directamente muy poco útiles. También destaca que algunas de las planteadas como muy innovadoras y rupturistas ya se venían aplicando en todo el país o al menos en algunas comunidades autónomas. Esto lleva a pensar que son medidas cosméticas para maquillar una situación grave y, como en otras ocasiones, tomadas sin reflexión y sin el consenso de las partes más implicadas y expertas como es la comunidad educativa.  Los profesores de educación pública sindicados con Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclaman al Gobierno que lleve la reforma de la Educación a la mesa sectorial y que concrete la financiación necesaria para cumplir con el plan de refuerzo y pide un Pacto de Estado que estabilice el sistema educativo, potencie la figura y la autoridad del profesorado en un Estatuto Docente, reduzca el número de alumnos por aula y aumenten las plantillas e incremente la financiación.

 Las principales soluciones propuestas por el gobierno.

• Preparación de los docentes para fomentar la inclusión y el bienestar del alumnado. Citamos textualmente la propuesta que se publicó en el Ministerio de Educación en junio de 2023: «En este ámbito, se propone, entre otras medidas, incluir las competencias socioemocionales entre los criterios de admisión y de selección al acceder a la formación inicial del profesorado» (….) «alentar a personas de diversos orígenes a acceder a la profesión». Este aspecto en el informe PISA esto no parecía ser un problema si se comparaba con la media OCDE
• Reducir la repetición de curso, que conlleva el riesgo de rendimiento académico más bajo del repetidor, desmotivación, etc
• Bajar el ratio por aula para propiciar una atención personalizada. Esto implicaría un incremento de presupuestos que en ningún momento se detalla. Pedro Sánchez en su discurso en un acto en la Coruña solo menciona «con una dotación económica muy importante (sin detallar aún la cuantía, que en todo caso deberá ser aprobada por sus socios de gobierno)». Por otra parte el ratio ya es de 25, parece utópico reducirlo más. Y aunque puede tener un efecto positivo, en los años 80 la media era de 40 alumnos por clase y los resultados no eran peores. Lo que se propone ahora es un «desdoble» es decir en la asignatura de matemáticas, que en Francia se ha hecho separando por niveles, pero en España no se comulga demasiado con esa medida.
• Clases extraescolares para los alumnos que lo necesiten. Otra medida de indudable utilidad, pero planteada como brindis al sol, ya que no se define qué se considera alumno que lo necesita, qué horario tendrá el profesor de apoyo, quién afronta su coste, etc.
• Prohibición del uso de teléfonos móviles en las aulas. Esta prohibición lleva ya algún tiempo implantada en Andalucía, Murcia Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha,
• Seguir apoyando el aprendizaje por  aprendizaje por proyectos, cuando la evidencia dice que no está claro que mejoren los resultados de los alumnos.
• Avanzar más en todas las cuestiones que tienen que ver con la «atención a la diversidad» que no deja de enmascarar una situación de guetos en algunos centros educativos.
• Formación de profesorado. En 2023 los profesores de Primaria recibían la misma formación en igualdad de género que en Matemáticas, Ciencias o Lengua. Desde luego con ese ratio no se van a resolver los problemas de capacidad lectora o comprensión matemática

Veremos en qué medida se aplican estas medidas y qué impacto tendrá en los resultados académicos, siendo tan necesaria una mejora en la Educación en nuestro país.