El barómetro del CIS le da la victoria al PSOE y muestra que 1 de cada 4 potenciales votos a este partido proviene de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad o el derecho al voto después de las pasadas elecciones generales.
Hace unos días se publicó el avance del barómetro del CIS de septiembre. Coincidiendo con la publicación del avance de datos, se difundió también una nota de prensa en la que se anunciaba que “los socialistas lograrían el 32,7% de los votos, según el barómetro del mes de septiembre, seguidos del PP, que alcanza el 23,7%”.
Siempre se comenta que este dato está “cocinado” por el director del CIS, y no es una mera frase hecha: en la propia nota metodológica se señala que, desde hace unos años, la estimación de apoyo electoral se fundamenta en “una medición que no posee intención prospectiva”. El resultado se obtiene aplicando el modelo bidimensional de inercia-incertidumbre de Alaminos-Tezanos, desarrollado teórica y empíricamente. Además, la nota metodológica aclara que el CIS pone los datos en abierto para que cualquiera pueda aplicar otros métodos de cálculo.
El problema es que este fichero se pone a disposición del público entre 15 y 20 días después del avance de resultados y las notas de prensa. Lo que provoca que, cuando se calcula, ya quede algo “desfasado” y, sobre todo, que el dato oficial ya haya circulado. En el fichero abierto de datos también se ofrece información de partidos más pequeños, que en la publicación de avance se aglutinan en un “otros”, lo que oculta información sobre todas esas formaciones políticas.
Sin entrar en el detalle de en qué consiste el modelo Alaminos-Tezanos, lo más evidente es que el dato publicado no se expresa sobre el total de encuestados, sino que se recodifica tomando como base el voto válido. Esto implica excluir a quienes aún no saben a quién votarán —además de aplicar otras reponderaciones—, cuando precisamente el peso de los indecisos puede resultar determinante en el desenlace de unos comicios.
Por tanto, el dato sin “cocinar” muestra que la intención de voto del PSOE es del 23,7%, diferenciándose en 7 puntos del PP, frente a los 9 puntos de diferencia que indica el “dato recalculado”.
En el barómetro queda clara la desilusión ante el panorama político actual. Al margen de la intención de voto, se pregunta por la simpatía hacia los distintos partidos y la respuesta mayoritaria (41%) es “ninguno”.
En la valoración de políticos, de nuevo ninguno de los representantes de los cuatro principales partidos consigue aprobar. Pedro Sánchez obtiene una media de 4,2; Alberto Núñez Feijóo, un 3,5; Yolanda Díaz, un 4,1; y Santiago Abascal, un 2,9.
Resulta llamativo que Yolanda Díaz se sitúe solo unas décimas por debajo de Pedro Sánchez (aunque ninguno llegue a 5) y que, sin embargo, la intención de voto de Sumar sea apenas del 5,6%.
El barómetro también permite observar el “transfuguismo” de los votantes y el origen de los potenciales apoyos. El 67% de quienes votaron al PSOE en las pasadas elecciones se mantiene fiel, un 11% procede de Sumar, un 17% son jóvenes que no tenían edad legal de votar y un elevado 22% (más de 1 de cada 4 de sus votantes) no tenía derecho a voto en las elecciones anteriores porque no contaba con la nacionalidad española, derecho que ahora sí posee. En el caso del PP, un 69% de sus votantes son fieles, un 4% procede de Vox, un 7% es voto joven y otro 7% corresponde a ciudadanos que antes no podían votar.
Sumar solo retiene al 37% de sus votantes; un 3% proviene del PSOE; apenas un 5% es voto joven; y también obtiene rédito de personas recién nacionalizadas, ya que un 19% de sus votantes actuales no tenía derecho a voto en 2023.
Por último, Vox es el partido con votantes más leales: el 78% lo apoyó en 2023 y repetiría. Un 13% de sus potenciales votantes procede del PP. Tiene muy poco tirón entre quienes no podían votar en elecciones anteriores (solo un 1,4%), pero sí un buen caladero entre jóvenes, ya que el 19% de sus potenciales votantes no había cumplido 18 años en 2023.
Como en anteriores barómetros, se evalúa la percepción sobre cuál es el principal problema del país. La vivienda se sitúa en primer lugar. Como segunda preocupación aparece un empate entre vivienda e inmigración. La tercera posición también está empatada entre esos dos aspectos y la sanidad. En total, los cinco principales problemas para los españoles son la vivienda (30% de menciones), la inmigración (21%), los problemas relacionados con la calidad del empleo (17%), el mal comportamiento de los políticos (17%) y los problemas políticos en general (16%).
También se pregunta cuál es el problema que más afecta personalmente, al margen de los problemas generales del país. En este caso (sumando primera, segunda y tercera opción), el problema que más impacta en los españoles varía según la edad: entre 18 y 44 años es la vivienda; entre 45 y 65 años, la crisis económica y los problemas financieros; y a partir de los 65 años, la sanidad.
Los barómetros incluyen mensualmente temas de interés o relativos a la actualidad política del país. Curiosamente, este mes se evalúan los hábitos bancarios de los ciudadanos, un asunto que no es especialmente actual ni de interés general, mientras que solo se dedican cinco preguntas a los incendios, pese a que las encuestas se realizaron entre el 1 y el 5 de septiembre, cuando algunos focos seguían activos y el tema estaba en plena actualidad.
En las preguntas se analiza hasta qué punto preocupan los incendios como los ocurridos en los últimos meses. Un 94% de los encuestados los considera un asunto muy o bastante preocupante; un 9% afirma haberse visto afectado (él o su familia); y un 69% cree que podría verse afectado en alguna ocasión por un incendio.
No se pregunta sobre la gestión o la responsabilidad, pero sí se plantea si la competencia de prevención y lucha contra incendios debería pasar al Gobierno central. Esta opción solo es apoyada por el 38% de la población. Llama la atención que se plantee esta cuestión, pues supone un giro centralista en detrimento de las autonomías. Hay, no obstante, división de opiniones por edades e ideologías: los jóvenes (entre 18 y 34 años) y el grupo de 45 a 54 años son quienes más apoyan que la competencia pase al Estado, mientras que el resto prefiere que se mantenga en las comunidades autónomas. En cuanto a ideología, los votantes de Vox y PP son más proclives a centralizar, mientras que los del PSOE y Sumar prefieren que se mantenga autonómica.
El bloque sobre incendios se cierra con una pregunta que indica literalmente: “¿Cree usted que en España es necesario en este momento un gran pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, para hacer frente a las emergencias del cambio climático?”. Tal y como está formulada, la pregunta obtiene un alto nivel de acuerdo: un 75% considera que sí es necesario.
De nuevo, un CIS al servicio del Gobierno y con poca atención a cuestiones clave.
