Solucionar los problemas que se derivan de la inmigración masiva pasa por una serie de soluciones: el control efectivo de las fronteras, el endurecimiento del acceso a la nacionalidad y a la residencia y la remigración. Con respecto a esto último muchos se preguntan sobre su viabilidad en países como España, Bélgica o Francia ¿Es posible?
La respuesta corta es un sí, aunque debemos reconocer las dificultades que una medida así entraña; más sabiendo que todavía hay una gran parte de la población que defiende –al igual que la patronal, la banca y el gobierno– el actual Modelo Migratorio capitalista. No debemos remontarnos a grandes expulsiones de población acontecidas en la antigüedad, sino al caso iraní para ver que algo así es posible.
Desde el 20 de marzo el gobierno iraní dio comienzo a expulsiones masivas de inmigrantes que permanecían en el país irregularmente. La medida afectó principalmente a los inmigrantes afganos, la mayor comunidad extranjera en Irán, y se intensificó especialmente entre junio y julio.
Según Nader Yarahmadi, presidente del Centro de Asuntos de Extranjeros y Migrantes del Ministerio del Interior de Irán había unos 6 millones de inmigrantes afganos en el país, de los cuales aproximadamente el 50% estaban en situación irregular, es decir, 3 millones. Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), afirmaba que cerca de 3,8 millones de migrantes afganos, tanto legales como ilegales, residían en Irán.
Entre el 20 de marzo y el 13 de agosto, según ACNUR, 1.109.100 de personas fueron deportadas y 1.862.900 retornaron a su país de origen. En total 2.972.000 de extranjeros, principalmente afganos han abandonado Irán entre marzo y agosto. Durante los meses de junio y julio se llegaron a expulsar hasta 88.000 afganos en una semana.
El gobierno iraní estableció un plazo hasta el 6 de julio para que los extranjeros indocumentados o con sus permisos de residencia caducados abandonaran el país. El plazo fue prorrogado hasta el 6 de septiembre debido a las dificultades de cumplir con el plazo anteriormente establecido.
Ahmad Ali Goodarzi, comandante de la Guardia Fronteriza del Comando de Policía de la República Islámica de Irán declaró que «regular la inmigración ilegal es una demanda popular». El Ministerio del Interior afirmó que el objetivo era aliviar la presión sobre la infraestructura económica y social producida por la inmigración, especialmente tras los ataques israelíes y la guerra de los 12 días con Israel.
Por una parte se pretende eliminar el enorme gasto público producido por la inmigración masiva y por otra parte, aunque concatenado con lo anterior, se trata de reforzar el Estado frente a las amenazas de Israel y del imperialismo estadounidense. Se trata de reforzar al país frente a amenazas externas y mejorar las condiciones de los ciudadanos iraníes. Es sabido que durante el último enfrentamiento entre Israel e Irán entre el 12 y el 24 de junio, al menos cinco afganos fueron detenidos bajo la sospecha de espionaje durante el conflicto, por lo que Irán ha priorizado su seguridad interna.
Por el momento los inmigrantes que residen legalmente en el país mantienen los derechos que les garantiza la ley de la República Islámica de Irán. Nader Yarahmadi estima que la cantidad ideal de inmigrantes en un país debe rondar el 3%, eso en un país de casi 90 millones de habitantes como Irán son unos 3 millones de extranjeros. Los estudiantes afganos, los hogares con una mujer a la cabeza, los niños con un progenitor iraní y los que tienen un permiso de trabajo pueden residir en el país.
Otra medida importante que tomó el gobierno desde que comenzó su política de remigración fue la no renovación de permisos de residencia. Además Valiullah Bayati, portavoz de la Comisión de Asuntos Internos del Parlamento, anunció un plan para eliminar la residencia permanente y reemplazarla por permisos de 1, 3 y 7 años.
La noticia no tuvo mucho eco en la prensa europea. Sin embargo Irán ha demostrado firmeza a la hora de solucionar su problema migratorio, que no deja de ser un lastre para el mantenimiento de su seguridad y estabilidad interna, especialmente de cara a la amenaza israelí y estadounidense.
Como bien afirma Pablo Sapag en su obra Siria en perspectiva, la inmigración producida por la intervención militar de Estados Unidos en Irak, afecto y debilitó enormemente la economía de la Siria de Bashar Al Assad, haciéndola mas vulnerable a la posterior agresión islamista e imperialista que sufrió el país en 2011. La política de remigración es una política de Estado que garantiza el buen funcionamiento del mismo y como hemos visto es posible a gran escala. Acompañándola de otras medidas y cambios legislativos puede solucionar de raíz los múltiples problemas causados por la inmigración.
