El derecho a la protección de la salud constituye uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho consagrado en la Constitución Española. En su artículo 43, se establece que «se reconoce el derecho a la protección de la salud» y que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». Este mandato constitucional se concreta en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que configura el Sistema Nacional de Salud como un modelo universal, público y equitativo, sustentado en los principios de igualdad en el acceso, cohesión territorial y atención integral.
Por otra parte, para analizar correctamente la sostenibilidad del sistema sanitario, el aumento de la presión asistencial y el modelo migratorio, es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones estructurales. España se adscribe al modelo Beveridge, en el que la financiación proviene de los presupuestos generales del Estado y el acceso no depende de la contribución laboral, sino de la condición de ciudadano o residente. Esta universalidad también es fuente de debate cuando se analizan los efectos del crecimiento poblacional —especialmente por la inmigración— sobre la capacidad del sistema.
Otra cuestión es que, desde la aprobación del Real Decreto-ley 7/2018, que restableció la atención sanitaria universal, los inmigrantes en situación administrativa irregular pueden acceder a la sanidad pública, siempre que acrediten residencia en España durante más de 90 días y estén empadronados. Existen, no obstante, excepciones: los menores y las mujeres embarazadas tienen derecho a asistencia sin cumplir estos requisitos, conforme al principio de protección a los más vulnerables.
Más allá del acceso legal, es importante considerar los determinantes sociales de la salud, definidos por la Organización Mundial de la Salud como «las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen». Estos factores estructurales del entorno en la vida de las personas generan inequidades en salud: diferencias evitables e injustas que afectan de forma sistemática a los grupos más desfavorecidos. En el caso de algunos inmigrantes, la precariedad laboral, la vivienda insalubre, la malnutrición, la inseguridad o la falta de integración elevan el riesgo de enfermedad y dificultan el cumplimiento de tratamientos, la adopción de hábitos saludables y la eficacia de las intervenciones en salud pública. El sistema, por tanto, se enfrenta a una población con ciertos determinantes sociales en salud que requiere más tiempo, recursos y coordinación.
Concretamente en Madrid, aunque la saturación del sistema sanitario madrileño no es un fenómeno nuevo, se ha visto intensificada por el crecimiento demográfico y la mayor demanda asistencial. Según el Informe del Estado de Salud de la Población de la Comunidad de Madrid (2023), el porcentaje de personas nacidas en el extranjero ha pasado del 9,4 % en 2001 al 26,5 % en 2022. Este aumento, aunque heterogéneo en el territorio, ha generado una presión creciente sobre unos recursos sanitarios ya limitados.
En este contexto, la Atención Primaria, puerta de entrada al sistema, se encuentra especialmente tensionada. Datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (2020-2021) muestran una media de 5,3 visitas anuales por persona en medicina general, y 2,9 en enfermería. La incorporación de nuevos usuarios con necesidades sanitarias no atendidas anteriormente —especialmente en zonas como Vallecas, Carabanchel o Usera— alarga las listas de espera, dificulta la continuidad asistencial y reduce la capacidad de prevención. Según el Colegio de Médicos de Madrid, más del 70 % de los centros de salud tienen cupos desbordados, con más de 1.800 pacientes por médico, por encima del umbral recomendable. Además, se estima un déficit de más de 1.500 médicos de atención primaria y 3.000 enfermeros en la región.
La presión también se traslada a la Atención Especializada, cuyos tiempos de espera afectan especialmente a quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta saturación tiene implicaciones sociales: una salud deteriorada puede limitar las oportunidades de integración laboral, participación cívica y desarrollo personal.
El acceso a la sanidad pública por parte de la población inmigrante está contemplado en el marco legal vigente, y los expertos señalan que restringir dicho acceso podría afectar negativamente al control de enfermedades transmisibles, el seguimiento de embarazos o las campañas de vacunación. La universalidad del sistema, en este contexto, se plantea como punto de partida para responder a los retos actuales en salud pública.
En las últimas décadas, el fenómeno migratorio ha tenido impacto en los sistemas sanitarios europeos, y España no es una excepción. La creciente diversidad poblacional plantea la necesidad de adaptar el sistema, fortalecer la coordinación intersectorial y garantizar una planificación eficiente. Reforzar la atención primaria, invertir en recursos humanos y materiales, y atender a los determinantes sociales se presentan como líneas estratégicas para mantener un sistema de salud equitativo y sostenible.
Garantizar una atención sanitaria de calidad en un contexto de creciente demanda exige un aumento sustancial de los recursos humanos, materiales y del presupuesto destinado al sistema público de salud. Mediante una inversión sostenida y estratégica se busca reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera, mejorar la calidad asistencial y garantizar una atención integral y equitativa para toda la población, incluida la inmigrante, sin comprometer la sostenibilidad del modelo público y universal.
