En el IX edición del informe sobre exclusión y desarrollo social en España desarrollado por la Fundación Foessa indica que la exclusión social se ha incrementado en un 50% comparado con los niveles previos a la crisis financiera de 2008.
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) es una entidad dedicada a la investigación social en España, especialmente centrada en el estudio de la pobreza, la exclusión social y el desarrollo humano. Fue creada en 1965 por iniciativa de Cáritas Española, con el objetivo de aportar datos rigurosos y análisis críticos que ayuden a comprender y transformar la realidad social del país. Su objetivo es analizar la realidad social de España desde una perspectiva científica y crítica, especialmente en lo relativo a la exclusión, la pobreza y el desarrollo social.
Esta fundación publica informes periódicos sobre exclusión y desarrollo social (como el IX Informe FOESSA). Y colabora con universidades, centros de investigación y entidades del tercer sector, aportando datos y propuestas para mejorar las políticas públicas desde una perspectiva de derechos y justicia social.
No tiene vinculación partidista, ya que FOESSA no depende ni está afiliada a ningún partido político. Sus informes son elaborados por equipos de investigación independientes, con participación de universidades, sociólogos, economistas y expertos sociales. Aunque sus estudios pueden influir en el debate político, FOESSA mantiene una postura analítica y no ideológica. Sus propuestas se centran en derechos humanos, cohesión social y justicia estructural. Y aboga por un enfoque crítico y técnico. Cáritas Española, es el principal impulsor y financiador de la fundación. Cáritas destina recursos propios y fondos europeos a proyectos de investigación como este informe. Aunque sus informes pueden ser utilizados por instituciones públicas, FOESSA no depende de ellas para su funcionamiento.
Más de 180 investigadores han participado en el IX Informe FOESSA, procedentes de distintas universidades y centros de estudio.
La independencia política y la elevada presencia de investigadores de alto nivel y su diversidad, así como la metodología hacen de este informe uno de los mas rigurosos en nuestro país.
Tanto esta como sus anteriores ediciones han medido impacto social en distintos momentos claves de nuestra historia. En su primer informe de 1966, se hace una radiografía de la situación social de España en plena dictadura franquista. Con el objetivo de visibilizar la pobreza y desigualdad en un contexto de falta de libertades. Fue un estudio pionero en sociología aplicada en España.
Los informes de II a VI elaborados entre los años 1970 y 1990 con una periodicidad aproximada de cinco años tenían un enfoque de medición de la evolución de la sociedad española en la transición democrática. Los principales temas tratados eran la modernización de la sociedad, los cambios en la estructura social y el avance del acceso a derechos. El VII informe se publicó en 2008 justo un poco antes de que se produjese la crisis financiera, por lo que sirvió de base para analizar el impacto posterior a la crisis, contando con este punto de partida. Los temas clave analizados eran la vulnerabilidad estructural, desigualdad, empleo precario.
En 2019 se publica el VII informe en el que se investiga y analiza sobre la exclusión social tras la crisis económica de 2008. Con foco en la fragmentación social, precariedad laboral, vivienda, salud. Y como innovación introduce el concepto de “sociedad desvinculada”
En ese último informe la edición IX el foco se pone en el impacto acumulado de tres crisis: financieras, sanitaria (COVID-19) e inflacionaria. Centrándose en los temas de exclusión severa, precariedad estructural, debilitamiento de vínculos sociales. Y tanto el análisis como las conclusiones y propuestas de mejora se centran en la transformación del modelo económico y social hacia la inclusión y la cohesión.
La metodología multidisciplinar de elaboración de este informe está muy cuidada combinando una robusta muestra cuantitativa (11.655 encuestas) y cualitativa (100 entrevistas en profundidad) y variados análisis matemáticas de alta complejidad (correlaciones, segmentaciones, regresiones, etc.). El tamaño de la muestra además garantiza su representatividad y permite hacer análisis detallados por variables geográficos o demográficas.
El informe muestra resultados bastante desoladores, dejando evidencias que en España se está produciendo un aumento de la exclusión social, que llega según cálculos del informe hasta 8 millones de personas. Incrementándose un 50% desde 2008. La exclusión social es algo mas complejo que la “tradicional pobreza” e incluye aspectos diversos
La Fundación FOESSA define la exclusión social como un proceso multidimensional que impide a las personas participar plenamente en la vida económica, social, política y cultural de la sociedad. No se trata solo de pobreza económica.
La exclusión social es un proceso dinámico de acumulación y combinación de factores de desventaja que alejan a las personas de los niveles de integración considerados normales en una sociedad. Es una situación acumulativa, por la que cuantos más factores de exclusión se suman (empleo, vivienda, salud, educación, etc.), más grave es la situación. Por lo que para calcularla se tiene en cuenta las siguientes dimensiones. Empleo, acceso a trabajo digno, estable y con derechos. Ingresos, suficiencia económica para cubrir necesidades básicas. Vivienda, condiciones adecuadas y seguridad residencial. Salud física y mental, y acceso a servicios sanitarios. Educación nivel formativo y acceso a oportunidades. Participación política y social capacidad de influir y pertenecer. Redes relacionales como vínculos familiares, comunitarios y afectivos. Confianza institucional que incluye percepción de justicia, protección y pertenencia.
Por lo que la situación de 8 millones de personas va más allá de una mera cuestión económica. Según la Fundación con este modelo se establecen cuatro tipologías. Integración plena, que incluye personas con acceso estable a derechos y recursos (35% de la población). Integración precaria personas con cierta estabilidad, pero en riesgo de exclusión (30,1%).Exclusión moderada, , personas con dificultades en varias dimensiones de integración (17,5%). Y exclusión severa Personas con ruptura profunda de vínculos sociales y derechos ( 17.6%) . Lo que significa que en el conjunto del país hay 8.448.000 personas en situación de exclusión severa.
Como factores estructurales de exclusión se encuentran principalmente el empleo precario, con un aumento de contratos temporales, bajos salarios y jornadas parciales no deseadas. Otro factor clave es la vivienda la falta de acceso a una vivienda digna y asequible es uno de los principales factores de exclusión. El deterioro de la salud mental (especialmente tras la pandemia) está tomando un peso clave en la situación de vulnerabilidad
El informe tambien cita las desigualdades territoriales. Existiendo grandes diferencias entre comunidades autónomas en términos de exclusión y acceso a derechos. Las regiones del sur y algunas zonas urbanas concentran mayores niveles de pobreza y exclusión. Las autonomías con mayor exclusión social son Andalucía y Canarias con % muy por encima de la media. Por el contrario, zonas como el País Vasco solo tiene un 10%. Los expertos de FOESSA proponen antes las grandes desigualdades territoriales, políticas de cohesión que reduzcan brechas entre Comunidades Autónomas. Garantizar que el acceso a vivienda, salud, educación y empleo no dependa del lugar de residencia. Y una política de evaluación territorial de políticas públicas para adaptar las intervenciones a las realidades locales
Tambien hay grandes diferencias según colectivos que se vieron agravadas tras el Covid, que agravó las desigualdades existentes. Afectando especialmente a los hogares con menores ingresos, mujeres, jóvenes y migrantes. Esta situación supuso un aumento de la dependencia de ayudas sociales y la inseguridad alimentaria.
El informe describe tambien con detalle una precariedad crónica en el mercado laboral español. Que hace hincapié en la alta temporalidad y parcialidad. Ya que muchos trabajadores tienen contratos temporales o a tiempo parcial no deseado, lo que limita su acceso a derechos laborales y estabilidad económica. Tambien destaca los bajos salarios y el hecho de que el crecimiento del empleo no ha ido acompañado de una mejora en los ingresos. Incluso con trabajo, muchas personas no logran salir de la pobreza. Se consolida la figura del “trabajador pobre”, que pese a tener empleo, vive en condiciones de exclusión social. Y además se esta agravando la desigualdad generacional. Los jóvenes enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos estables y bien remunerados, lo que perpetúa la inseguridad económica.
Esta fundación tambien alerta sobre la progresiva desaparición de la clase media, advirtiendo de una fragmentación social inédita. Produciéndose una contracción de la clase media. Muchas familias han descendido a estratos inferiores, perdiendo capacidad adquisitiva y estabilidad. Las sucesivas crisis (financiera, sanitaria, inflacionaria) han erosionado los mecanismos de integración social.
España mantiene una desigualdad persistente, con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa, con una brecha que no se ha cerrado ni en fases de recuperación.
La reducción de la clase media tiene un alto impacto en la cohesión social y su erosión, ya que esta clase media, tradicionalmente estabilizadora, pierde peso, lo que debilita los vínculos comunitarios y la confianza institucional.
El informe ante esta situación propone un cambio de modelo que refuerce el empleo digno y estable como eje de inclusión. Que proteja a los trabajadores frente a la precariedad y la explotación. Y reconstruya la clase media mediante políticas redistributivas.
El informe también se enfoca en la inmigración. Aunque el informe FOESSA no responsabiliza directamente a la inmigración de la bajada de salarios, sí aborda su papel en el contexto laboral. Ya que indica que la inmigración de los últimos años se ha concentrado en sectores con alta precariedad (hostelería, cuidados, agricultura), donde los salarios son bajos y las condiciones laborales deficientes. En algunos casos, la llegada de mano de obra extranjera puede intensificar la competencia en empleos poco cualificados, presionando a la baja los salarios. Y advierte del riesgo de explotación, ya que la situación administrativa irregular de algunos migrantes los hace más vulnerables a abusos laborales, lo que puede distorsionar el mercado y afectar a otros trabajadores.
Y tambien se posiciona ante la inmigración considerando que debe abordarse desde una perspectiva de cohesión social.
El informe pone foco en mujeres y jóvenes, por su alto riesgo de exclusión.
Las mujeres afrontan mayor riesgo de exclusión por desigualdad estructural, debido sobre todo a una mayor precariedad laboral. Las mujeres tienen más probabilidades de estar en empleos temporales, a tiempo parcial no deseado y con salarios bajos. Tambien alerta del hecho de que las mujeres asumen mayoritariamente las tareas de cuidados familiares, lo que limita su acceso al empleo y a la formación. Y analiza la relación entre monoparentalidad y pobreza. Ya que los hogares monoparentales encabezados por mujeres presentan tasas de exclusión mucho más altas. La pobreza infantil está estrechamente ligada a la feminización de la pobreza.
El principal problema de los jóvenes es la precariedad. El informe señala que los jóvenes son el grupo con mayor tasa de temporalidad y contratos precarios. Muchos no logran acceder a empleos estables ni bien remunerados. Esta falta de ingresos suficientes y el encarecimiento de la vivienda impiden que los jóvenes puedan independizarse, lo que prolonga su dependencia familiar. Muchos jóvenes experimentan una desconexión con las instituciones, la política y la comunidad, lo que agrava su exclusión. Además, se enfrentan en mayor medida que otros colectivos a problemas de salud mental. El informe alerta sobre el impacto de la incertidumbre laboral y vital en la salud mental de los jóvenes, especialmente tras la pandemia.
Tambien se analizan las bajas tasas de natalidad en España y su fuerte relación con la situación económica . La natalidad se encuentra en mínimos históricos, especialmente entre mujeres menores de 30 años. La edad media de maternidad cada vez más alta, reflejo de la postergación por razones económicas y sociales. Y además hay una gran desigualdad territorial, las regiones con mayor exclusión social presentan también menores tasas de natalidad
Estableciendo una relación entre exclusión social a la natalidad y además critica la débil protección social. En este informe se manifiesta que las políticas públicas no garantizan suficientemente el acceso universal a servicios como guarderías, salud materno-infantil o ayudas a la crianza. Lo que genera una percepción de riesgo y desprotección que influye en la decisión de tener hijos
Aparte de los problemas económicos el informe avisa de una posible crisis de valores y de arraigo consolidándose una “sociedad desvinculada”, este concepto es uno de los conceptos centrales del IX Informe FOESSA. Y describe una transformación profunda en la estructura social española: una sociedad donde los vínculos que sostienen la integración —familiares, comunitarios, institucionales— se debilitan o desaparecen, dejando a muchas personas aisladas y sin redes de apoyo.
Según los expertos implicados en el informe es una sociedad en la que se rompe la reciprocidad entre las personas y el sistema social, y donde la exclusión no solo es económica, sino relacional y estructural.
Esta nueva sociedad desvinculada se caracteriza por debilitamiento de los vínculos familiares, con aumento de hogares unipersonales y monoparentales. Y problemas de soledad no deseada, especialmente entre mayores y jóvenes. Tambien supone fragmentación comunitaria, con una menor participación en asociaciones, redes vecinales o espacios colectivos. Y una pérdida de confianza en el otro y en la comunidad. Que se acompaña de desconfianza institucional con la percepción de que las instituciones no protegen ni representan a los más vulnerables. Lo que supone un alejamiento de la política, la justicia y los servicios públicos.
Refuerza el individualismo defensivo, por el cual Las personas se repliegan en sí mismas como estrategia de supervivencia. Y se prioriza la autoprotección frente a la cooperación. Se crea además un paradigma de exclusión relacional, por el que no basta con tener ingresos: muchas personas están excluidas por falta de redes, apoyo emocional o reconocimiento social.
Por lo que es una crisis más seria y que va más allá de una coyuntura económica desfavorable.
Este incremento de la sociedad desvinculada tiene graves consecuencias sociales. Ya que tiene relación con un mayor riesgo de exclusión severa. Sin vínculos, las personas quedan fuera de los circuitos de ayuda, empleo y participación. Tambien impacta en el deterioro de la salud mental: la soledad y la inseguridad generan sufrimiento psicológico. Y en general se produce una desconfianza generalizada hacia el sistema, los demás y el futuro.
La Propuesta de mejora de FOESSA pasa por reconstruir los vínculos sociales como base de la inclusión, Promover políticas que fortalezcan la comunidad, la participación y el cuidado mutuo. Y Revalorizar el papel de lo colectivo frente al individualismo.
Otro aspecto interesante que se analiza en el estudio es el impacto de la ecología sobre la exclusión social, el informe FOESSA no otorga un papel central a las políticas medioambientales en el análisis de la exclusión social, pero sí reconoce que los desafíos ecológicos están interconectados con las dinámicas de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad social.
El informe menciona que la crisis ecológica forma parte del contexto estructural que condiciona el desarrollo social. Se reconoce que los problemas medioambientales —como el cambio climático, la degradación del entorno y la escasez de recursos— afectan más intensamente a las personas en situación de exclusión, que tienen menos capacidad de adaptación. Evidencia que las personas con menos recursos viven con mayor frecuencia en zonas expuestas a riesgos medioambientales (inundaciones, contaminación, calor extremo), por lo que se le añade una “vulnerabilidad climática” .
Haciendo alusión a la pobreza energética —dificultad para mantener una temperatura adecuada en el hogar— es un fenómeno creciente, especialmente en hogares excluidos.
Por lo que se plantea un modelo de justicia ecológica, en el que FOESSA plantea la necesidad de integrar la justicia social y la justicia ecológica, para que las políticas medioambientales no agraven las desigualdades. Se advierte que la transición ecológica debe ser inclusiva, evitando que los costes recaigan sobre los más vulnerables (por ejemplo, encarecimiento de la energía o restricciones de movilidad impuestos verdes regresivos). Y propone medidas que en aras de la ecología no empobrezcan aún más a los colectivos más vulnerables. Sugiriendo que es necesario diseñar políticas medioambientales con enfoque social que tengan en cuenta el impacto sobre los hogares pobres y excluidos. Y garantizar el acceso equitativo a recursos básicos como energía, agua, transporte sostenible y espacios verdes. Y promover empleos verdes inclusivos que generen oportunidades para colectivos vulnerables en sectores sostenibles en lugar de negárselas
Aunque el medioambiente no es el eje del informe, FOESSA reconoce que la exclusión social y la crisis ecológica están entrelazadas, y que las soluciones deben ser integrales y justas.
Tambien se analiza si las políticas recientes están mejorando la situación y este informe indica que, a pesar de ciertos avances, la exclusión social no ha disminuido de forma significativa. Y que las políticas públicas han sido insuficientes para revertir las dinámicas estructurales que generan pobreza y desigualdad.
Además, las políticas sociales tienen grandes limitaciones, como fragmentación territorial, ya que las políticas sociales varían mucho entre comunidades autónomas, lo que genera desigualdad en el acceso a derechos. Falta de universalidad puesto que muchos programas están condicionados por requisitos administrativos o económicos que excluyen a los más vulnerables. Y desconexión institucional, ya que las políticas no siempre están coordinadas entre servicios sociales, empleo, vivienda y salud, lo que dificulta la inclusión efectiva.
Y que se va hacia un Modelo económico excluyente. El informe denuncia que el modelo económico español sigue generando precariedad, incluso en fases de crecimiento.
Las políticas laborales han favorecido la creación de empleo, pero no han garantizado su calidad ni estabilidad. Se ha consolidado una “sociedad del empleo precario”, donde tener trabajo no garantiza salir de la pobreza.
Esto explica mucho de porque aparentes cifras positivas de empleo o de incremento de PIB no están acarreando mejoras; sino todo lo contrario en la vida de los ciudadanos del país.
FOESSA considera que las políticas de los últimos años han tenido efectos limitados y, en algunos casos, han perpetuado la exclusión. El informe llama a una transformación profunda del enfoque político y económico
Por lo que no se limita a criticar, también ofrece propuestas sobre el modelo económico y las políticas publicas con unas claras consignas sin tapujos. Enfatizando que es necesario reorientar las políticas públicas hacia la garantía de derechos universales. Siendo imprescindible transformar el modelo económico para que el empleo sea digno, estable y suficiente.
Que debe ir acompañado de un fortalecimiento de los vínculos sociales mediante políticas que promuevan la participación, la comunidad y la solidaridad. Y como otro punto clave de mejora superar la lógica asistencialista y apostar por la inclusión estructural.
Cambios que se hacen imprescindibles y urgentes ante la crítica situación no solo social sino tambien moral.
