En las pasadas elecciones europeas del 9 de junio el partido Fratelos di Italia (Hermanos de Italia), liderado por Giorgia Meloni, obtuvo una clara victoria ganando las elecciones con el 28% de los votos. Este resultado ha supuesto una mejora frente al 26% obtenido en las elecciones generales italianas de octubre de 2022, gracias al cual fue nombrada presidenta del Consejo de Ministros, siendo la primera mujer que ocupaba ese cargo en Italia. En estos comicios europeos ha consolidado su liderazgo en Italia y en Europa, ya que también es presidenta del bloque de Partidos Conservadores y Reformadores Europeos en el Parlamento Europeo. Según la revista Forbes, Meloni está considerada como la séptima mujer más importante del mundo.

En su mandato, que no ha estado exento de polémica, hay luces y claros en la evolución económica y social del país. El Producto Interior Bruto (P.I.B.), uno de los datos clave de la economía, tiene desde el año 2.000 un crecimiento limitado debido principalmente a problemas estructurales y una baja productividad.  La crisis económica de 2008 afectó fuertemente al país, con caídas considerables en este indicador que iniciaron una profunda recesión. A partir de 2014 se produjo una cierta mejora, pero el crecimiento fue lento y posteriormente llegó la crisis del COVID-19, que también tuvo un gran impacto en Italia.

A partir del 2022 el país experimentó un crecimiento moderado y en el primer trimestre de 2024 el crecimiento del PIB se situaba en un 0,4%. Este crecimiento se explica por la aplicación de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE, con mejoras en la demanda interna, ligeros incrementos en las exportaciones y manteniendo estable los datos de consumo gubernamental. Sin embargo, esta evolución muestra grandes desigualdades territoriales, con regiones como Lombardía, que concentra el 23% del PIB italiano, y otras más pobres como Calabria, Cerdeña o Vall d´Aosta, cuya aportación es inferior al 2%. Y es que la desigualdad económica es un problema endémico en Italia.

Una de las medidas más polémicas de Giorgia Meloni (implementada en agosto de 2023) fue la revisión de las ayudas de la Renta Ciudadana (similar al Ingreso Mínimo Vital en España). Mantuvo la renta solo en hogares con bajos ingresos y con miembros discapacitados menores o mayores de 60 años. En su lugar estableció un sistema de ayudas para personas con nóminas bajas. 

Este tipo de ayudas se implementaron con más fuerza durante la pandemia, que afectó a aquellos con trabajos precarios y castigó especialmente a las regiones más pobres del sur del país. Estas medidas incluían la citada Renta Ciudadana y otros subsidios, y ayudas directas a familias y empresas afectadas. Sin embargo, la efectividad para reducir la desigualdad a largo plazo fue limitada. 

Hay quienes han atribuido la mejora del empleo a la revisión de estos subsidios, pero también a las reformas para flexibilizar el mercado laboral. En 2023, el número de empleados era de 26.095.000, lo que supone un crecimiento con respecto a 2021 del 2,2%. La tasa de paro en el primer trimestre de 2024 se situó en un 7%, cuando en enero de 2020 alcanzaba el 10%. Pero el paro juvenil sigue siendo un castigo en Italia, con un 20% de desempleo entre jóvenes de 15 a 24 años. De nuevo encontramos grandes diferencias territoriales: en regiones como Veneto o Süd Tirol, la tasa de desempleo total es del 4% y el 3% respectivamente, mientras en el Mezzogiorno se sitúa en un 14% y en Calabria o Sicilia está en torno al 16%.

Otro aspecto clave es la evolución de la inflación. En el mes de mayo la tasa interanual era un 0,8% mientras que en diciembre de 2022 alcanzaba un máximo histórico situándose en un 11,8%. Uno de los motivos que explican esta evolución positiva es la caída de los precios de la energía. La inflación energética en mayo fue de -11.7%, pero los alimentos siguen subiendo precios (+2.2%) aunque a un nivel inferior a otros países. La reducción de los precios de la energía, además de seguir movimientos internacionales, responde a una política activa en esta materia, continuista con la línea iniciada por Mario Draghi de subsidios a familias y empresas, y tomando nuevas decisiones de perforación en los mares italianos para la obtención de gas.

El programa económico de Meloni también ha incluido privatizaciones bajo la premisa de reducir el peso del Estado en la economía, generar confianza en los mercados e intentar reducir la deuda pública con la venta de activos. Estos movimientos deberían aportar 20.000 millones de euros según los objetivos del Gobierno (lo que supondría un incremento del 1% del PIB).

En mayo de 2023 se anunció el comienzo del proceso de privatización de Ita Airways (aerolínea estatal que reemplazó a Alitalia). En ese mismo año ​el gobierno italiano vendió una participación del 25% del banco Monte dei Paschi di Siena, que había rescatado de la quiebra en 2017 en respuesta a las exigencias de la Comisión Europea. También ha vendido la participación del 4% que el estado italiano tiene en la empresa energética ENI, además de reducir su participación en Poste Italiane, la empresa estatal de correos italiana, y desinvertir en Ferrovie dello Stato (el equivalente a RENFE).

Todas estas privatizaciones y recortes no están teniendo de momento un impacto muy acusado en la deuda pública del país. Italia es uno de los países con el nivel más alto de deuda en la UE y uno de los más endeudados del mundo, lo que limita la capacidad del gobierno para invertir sin comprometer la sostenibilidad fiscal exigida por la Unión Europea. Y sigue siendo el gran desafío para el gobierno del país. En 2023, la deuda pública fue de 2.863.438 millones de euros (creció un 3,8% respecto al año anterior) y supone un 137,3% del PIB. En España, donde la situación también es grave, es del 107,7%.

Los datos económicos son hasta cierto punto positivos, pero Italia no está mejorando al mismo ritmo en cifras de igualdad o equidad social, analizando el índice de Gini (medida de distribución de ingresos que se expresa en valor entre 0 y 100, donde el 0 representa una perfecta igualdad y 100 implica lo contrario). En 2023 el índice italiano era 31.5, que es solo una pequeña mejora respecto a 2020 (Covid) cuando se situaba en 32.5. 

La tasa de riesgo de pobreza en Italia en 2023 era del 18.9%, mejorando ligeramente con respecto al comienzo del mandato de Meloni en 2022, en el que se alcanzó un 20.0%. En el mismo año en España este índice estaba en un 20.2%, en Alemania en un 14,4%, en Rusia en un 11% y en Finlandia un 12%. Esta tasa analiza cuántas personas viven en hogares cuya renta es inferior al 60% de la mediana (renta más común) de su país, lo que define que sus ingresos están por debajo del umbral de pobreza. En 2023 el umbral de pobreza en Italia fue de 11.891 euros por persona (ha subido 736 euros respecto al año pasado). En total 11.121.000 de personas sufrieron riesgo de pobreza en Italia en el último año.

Otro de los grandes caballos de batalla de la política italiana ha sido su posición hacia la inmigración, siendo este uno de los puntos clave de la campaña política en la que resultó ganadora. Después de asumir el cargo Meloni implementó políticas más estrictas que los gobiernos anteriores contra la inmigración ilegal a través del «Proceso de Roma», en el que pretendía abordar las causas principales y acabar con los traficantes de inmigrantes. Esto se tradujo en medidas impopulares y radicales como dificultar las tareas de rescate en el mar a las ONG, declarar el estado de emergencia para la expulsión de inmigrantes irregulares o limitar el concepto de protección al refugiado. 

Meloni defendió «otorgar el estatus de refugiado a quienes venían de un país sacudido por la guerra, pero no a los solicitantes de asilo. Es hora de llamar a las cosas por su nombre, de otorgar el estatus de refugiado a quienes huyen de la guerra, mujeres y niños, tal vez haciendo lo contrario con quienes no son refugiados». Se opone también a las propuestas de ciudadanía por derecho de nacimiento y establece una relación entre incremento de inmigración e incrementos de criminalidad y delitos como la prostitución. La presidenta está más a favor de la inmigración proveniente de Latinoamérica frente a otros países por similitud cultural, lingüística y mayor capacidad de adaptación.

La realidad es que la inmigración sigue siendo un problema para Italia. Según el dato más reciente publicado por la ONU, en Italia viven 6.386.998 inmigrantes (11% de la población). Solo en el año 2023 desembarcaron en las costas italianas 89.158 inmigrantes (con un crecimiento respecto a 2022 del 115%).

La celebración de la 50ª cumbre del G7 del 13 al 15 de junio de 2024 en la ciudad de Fasano, en Apulia, junto a los resultados de su primer año y medio de gobierno, y el respaldo que le han dado las urnas en elecciones europeas, hará que se refuerce su posición en la política internacional, y es una muestra más de los cambios en las posiciones del poder político en Europa.