Los viernes por la noche, desde hace poco más de quince años, se emite un programa que se ha convertido en parte icónica de la cultura española. La voz de Glòria Serra, envuelta en un halo de misterio gracias a efectos de sonido y una elección musical que aclimata la intención, anuncia el tema de “Equipo de Investigación”, un programa del prime time español que se jacta de ser quien llega al fondo de los asuntos del acontecer nacional. Sus temas van desde la crónica negra a lo político; un dosier de personajes que, si no lo son, el programa se encarga de volver polémicos.
Sin embargo, en este juego de luces y sombras, el rigor tiene un límite muy marcado. El programa funciona como un martillo contra el pequeño estafador o el objetivo incómodo para el relato oficial, pero guarda un silencio sepulcral cuando los cables conducen a las puertas de palacio. Se jactan de valentía, pero siempre respetan los lineamientos que marca la mano invisible detrás del programa. Y estos se resumen en no morder la mano que le da de comer: el actual Gobierno.
El árbol que no deja ver el bosque
Para entender a qué nos referimos, primero tenemos que saber quién está detrás del programa investigativo. Se trata de Secuoya Content Group, un grupo audiovisual que nació en plena crisis económica de 2008 de la mano del empresario granadino Raúl Berdonés. Lo que al principio comenzó como una pequeña productora nacida en tiempos difíciles, hoy es un pulpo audiovisual cuyos tentáculos abarcan desde la creación de guiones hasta el control absoluto de los «hierros»: las cámaras, los camiones de retransmisión y los platós donde se fabrica la realidad que consumimos.
En el año 2024, Secuoya declaró una facturación de 142,6 millones de euros, un crecimiento del 33% en un sector que suele tener márgenes mucho más modestos. ¿Cómo se explica esto? La respuesta no está en los índices de audiencia de sus series o programas, sino en el Boletín Oficial del Estado.
RTVE: La mano que da de comer
A través de sus filiales, VAV Group y Drago Broadcast Services, Secuoya ha parasitado la televisión pública. No solamente producen contenido para ella, sino que se alquilan a sí mismos el equipo con el que graban. El negocio es redondo: RTVE paga por la serie, paga por el alquiler de las cámaras y paga también por el personal técnico subcontratado. Esto abarca incluso los servicios técnicos de los informativos territoriales.
Las cifras hablan por sí solas. Mientras las arcas del grupo crecen, la televisión pública vacía sus bolsillos en contratos que parecen no tener fin: desde los 13 millones de euros destinados a superproducciones como Zorro, hasta los más de 8,5 millones que cuesta cada temporada de la serie diaria La Moderna. Incluso cuando los programas fracasan estrepitosamente en audiencia, como ocurrió con los 4 millones de euros tirados en el fracaso conocido como “El mejor de la historia”.
Ayúdame que yo te ayudo
Pero el Gobierno no solo alimentó a la productora con jugosos contratos que garantizaban su facturación diaria; fue un paso más allá para asegurar la estabilidad de su estructura financiera en un momento crítico. En un movimiento que muchos califican como «oxígeno de Estado», el Ejecutivo blindó la solvencia de la compañía mediante una inyección de liquidez indirecta: 20 millones de euros en avales del ICO.
Lo verdaderamente revelador es el timing de esta operación. Corría el año 2022 y, mientras miles de pymes españolas se asfixiaban intentando acceder a créditos mínimos para no echar el cierre tras la pandemia, el Ministerio de Asuntos Económicos firmaba este blindaje millonario para Secuoya.
La coincidencia es quirúrgica: mientras los avales del dinero público llegaban a la sede de Tres Cantos, la productora encendía sus cámaras para rodar «Las cuatro estaciones», el polémico documental de «humanización» de Pedro Sánchez. Un intercambio de cromos perfecto, ejecutado a la vista de todos: el Estado avala el riesgo financiero de la empresa y la empresa fabrica el relato de gloria del presidente. Un círculo de gratitud donde la productora pone el equipo, el Gobierno pone el aval y el ciudadano, como siempre, termina pagando la cuenta de una fiesta a la que no ha sido invitado.
