Almería, 30 de julio de 2025 – Las costas almerienses han vuelto a ser escenario de un fenómeno que se ha convertido en rutina: el desembarco masivo de inmigrantes ilegales en plena temporada turística. En menos de una semana, al menos seis embarcaciones han alcanzado las playas del levante andaluz, con más de 100 personas a bordo, en algunos casos en plena luz del día y frente a decenas de bañistas.
Una de las escenas más significativas se vivió en la playa de Almerimar (El Ejido), donde una narcolancha de gran potencia arribó con total impunidad. Los ocupantes —alrededor de 30 hombres, supuestamente de origen magrebí— descendieron a toda prisa y huyeron entre turistas, sin que ninguna patrulla lograra interceptarlos.
Los testimonios de residentes y visitantes coinciden en la sensación de desprotección y abandono institucional. Mientras los cuerpos de emergencia y Cruz Roja se esfuerzan por atender a los recién llegados —entre ellos menores—, la administración central guarda silencio o responde con vaguedades.
El fenómeno, lejos de disminuir, aumenta con el buen tiempo y la total previsibilidad del patrón migratorio. Las mafias, conocedoras de la falta de medios de control fronterizo en la zona, operan sin trabas, trasladando personas en lo que ya se denomina “pateras‑taxi”.
El impacto no es menor. Además del riesgo humanitario y la inseguridad jurídica, la llegada incontrolada de inmigrantes afecta directamente a la imagen turística de la provincia, que durante el verano depende en gran medida del sector servicios. Hoteleros, restauradores y vecinos manifiestan su preocupación por las consecuencias a medio plazo si esta situación se normaliza.
La Subdelegación del Gobierno en Almería ha reconocido los hechos pero se ha limitado a informar del número de pateras y personas atendidas. No se ha anunciado ningún refuerzo efectivo en vigilancia costera ni un plan de respuesta nacional ante lo que ya no es una emergencia puntual, sino un colapso estructural de la frontera sur de Europa.
Mientras tanto, la política migratoria del Ejecutivo sigue basada en el silencio, la inacción y el eufemismo, sin atreverse a nombrar ni afrontar un fenómeno que cada vez más ciudadanos consideran una crisis de Estado.
