Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, en el 2012 se creó la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria –popularmente conocida como Sareb-. Este organismo también se conoce como «banco malo». En una estimación reciente se proyectó que en el banco de suelo de este órgano, se podrían construir más de 300.000 viviendas. El escollo para que esta nueva edificación se realice es la falta de inversión.
Inicialmente esta sociedad fue creada para evitar un parón global en el sector inmobiliario, y dar salida así a los activos financieros de entes insolventes o que no podían hacerse cargo de los mismos. Si bien los mayores compradores de este ente era el sector privado, el actual gobierno ha movido ficha y ha anunciado que traspasará los activos al SEPES, la nueva institución que estará orientada a la construcción de vivienda pública protegida. De esta forma, el sector público asumiría la deuda de todos estos activos inmobiliarios, estimándose en 4.000 millones.
Se busca reforzar el parque público de vivienda, mediante la asunción de estos activos financieros. La desaparición de la SAREB está proyectada para 2027, ya que el 51% de la misma es de propiedad estatal. Sin embargo, este transvase se teoriza que podría prolongarse en el tiempo.
Si se analiza, los únicos beneficiarios de esta operación que el gobierno expone como expropiación necesaria para cubrir una necesidad social, serán los grandes bancos lastrados por los remanentes de la crisis del ladrillo; mientras las arcas públicas asumirán una alza vertiginosa de su deuda, sin estar claro ni siquiera que estas nuevas viviendas solucionen el problema habitacional que sufre España en la actualidad.