El gobierno, hace unas semanas, coincidiendo con la incorporación de cambios al IMV (Ingreso Mínimo Vital), sacaba pecho por el incremento de los hogares y las personas receptoras de esta ayuda.
Según la última estadística publicada en enero de 2025 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 671.849 hogares, en los que viven 2.050.542 personas, reciben ayudas del IMV. Aunque esta prestación varía en función de las características del hogar, la cuantía media es de 516 euros por hogar y 169,22 euros por persona receptora. En total, este mes se han destinado 384,6 millones de euros a esta partida.
Durante 2024 ha crecido notablemente el número de hogares y beneficiarios. Actualmente, se registran 134.459 prestaciones más, un 25% más que en el mismo periodo de 2023, y el número total de beneficiarios ha crecido un 28%, con 449.334 personas adicionales. Este aumento está influenciado, en parte, por la DANA, que ha llevado a 16.000 familias a solicitar esta ayuda. Sin embargo, este crecimiento no se debe únicamente a la DANA, sino también a un aumento general de la necesidad en muchos hogares españoles.
Si se analiza el acumulado desde junio de 2020, cuando se implementó esta medida, el IMV ha ayudado a 773.654 hogares y beneficiado a 2.279.440 personas. El coste total desde su lanzamiento asciende a 9.650,7 millones de euros.
Incrementar significativamente el número de personas y hogares que reciben esta ayuda, contrariamente a lo que pretende hacer creer el gobierno, no es un logro ni una conquista social. Es, sencillamente, el reflejo de que cada año España es un país con más personas en situación de pobreza y necesidad.
El perfil mayoritario del perceptor es el de mujer (66,6%) de nacionalidad española. El 18% son extranjeros. La edad media es de 45 años y, en el 66,1% de los hogares receptores, hay menores. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más ayudas recibe (31%), seguida de la Comunidad Valenciana (11%), Cataluña (9%) y Madrid (8%).
Los principales cambios implantados en 2025 incluyen una revalorización del 9%. A partir de este año, los beneficiarios deben llevar, como mínimo, un año residiendo legalmente en España, algo que antes no era un requisito. Además, se ha simplificado el proceso para solicitarla y se ha creado una pasarela para que las personas que hayan agotado su prestación de desempleo puedan hacer una transición directa del subsidio del SEPE al IMV. Por último, el acceso a esta ayuda se facilita para quienes cumplan los requisitos generales, carezcan de empleo y hayan agotado su prestación por desempleo. Esta pasarela de transición permite el cambio del subsidio del SEPE al IMV de manera más ágil.
Los requisitos, además del mencionado de residencia legal y efectiva, incluyen estar en una situación de vulnerabilidad económica, medida en términos de patrimonio, renta e ingresos de la unidad de convivencia. También se exige tener una unidad de convivencia estable con una antigüedad mínima de seis meses, ser mayor de 24 años o de 19 si se tienen hijos a cargo, y haber agotado otras prestaciones. Otras obligaciones incluyen aportar información veraz sobre su situación económica, informar sobre cualquier cambio en la residencia o en la composición de la unidad de convivencia, y participar en programas de inclusión social y laboral.
Los umbrales de renta y patrimonio establecidos son muy bajos, oscilando entre un máximo de ingresos anuales de 7.250 euros para un hogar unipersonal y 17.755 euros para un hogar con tres adultos y dos menores. Esto nos indica que como mínimo más de 2 millones de personas viven por debajo de estas condiciones económicas.
La comparativa con otros países europeos que también ofrecen ayudas no parece dejar en buena posición a España. En Francia la Renta de solidaridad Activa para una familia de dos adultos y dos menores es de 1050 euros al mes. Alemania la Renta mínima de Subsistencia incluye gastos de calefacción y alojamiento y 1.200 euros al mes para familias con hijos. En Italia esta establecida en 780 euros para una sola persona . Y en Países Bajos un hogar unipersonal recibe 1.000 euros, que se incrementa a medida que aumentan los miembros del grupo familiar.
Se cuestiona si el IMV realmente sirve para ayudar a salir de una situación de pobreza sobrevenida o si, por el contrario, cronifica esta situación. Según diversas teorías, este tipo de ayudas es eficaz porque permite que las familias dispongan de los recursos para cubrir sus necesidades básicas, lo que les permite concentrarse en mejorar su educación y habilidades laborales. Esto, a largo plazo, puede aumentar la productividad y reducir la pobreza estructural. Sin embargo, esta solución solo es útil si va acompañada de medidas que mejoren la educación, especialmente en los colectivos más vulnerables, así como de la creación de empleo y programas de formación que faciliten el acceso a esos puestos de trabajo.
Proporcionar ayudas es una obligación básica del Estado para no dejar a las personas desprotegidas. No obstante, el objetivo debería ser reducir su necesidad mediante una mejora efectiva de las condiciones económicas del país.