A diferencia del presumible nuevo presidente teutón, que no tardó ni un día en desdecirse de lo prometido en campaña electoral, el magnate de los hoteles que gobierna al otro lado del charco, Donald Trump, parece que está decido a cumplir su promesa electoral de realizar la mayor campaña de deportación de personas que haya conocido la historia de su país.

Pero revertir una política de fronteras abiertas, con décadas a sus espaldas, es un desafío considerable. Quizás inspirado en la exitosa política australiana contra la inmigración ilegal, basada en puertos francos fuera de sus fronteras, Trump ha habilitado la antigua base militar de Guantánamo. Ubicada cerca de Cuba, servirá como centro de tramitación para inmigrantes en proceso de expulsión de EE.UU. Por ahora, la base se usa para escalas de vuelos de deportación de delincuentes extranjeros, principalmente venezolanos y colombianos. Esto provocó el incidente en el que Petro se negó brevemente a acoger a los expatriados.

Aún no se sabe si este icónico lugar de la «guerra contra el terror» servirá también como reclusión para inmigrantes ilegales sin condenas. Estos no podrían permanecer en EE.UU., pero algunos se negarían a facilitar su país de origen o a ser repatriados.

En esta línea se enmarcan los acuerdos con El Salvador de Nayib Bukele, tras la rápida gira de Marco Rubio en los primeros días de la administración republicana. De facto, lo pactado fue una deslocalización del sistema penitenciario. Aunque EE.UU. reducirá los recursos destinados a este fin y los transferirá al gobierno salvadoreño, para el pequeño país representará un ingreso considerable. Además, debido a la eficacia del plan de seguridad de Bukele, El Salvador sería el lugar más adecuado para custodiar a los reos expulsados de EE.UU. A esto se suma la intolerancia del ejecutivo salvadoreño hacia la corrupción, lo que dificultaría un trato de favor a los delincuentes acogidos.

Hace una semana, se conoció que Panamá se sumará a los países que servirán como centro logístico para la repatriación de inmigrantes. Esta medida surgió tras las declaraciones de Trump sobre su intención de recuperar manu militari el Canal de Panamá, principal fuente de divisas del país.

Los dirigentes panameños declararon públicamente su disposición a colaborar con la nueva administración estadounidense. Sin embargo, con tono bajo y evitando el contacto visual, aseguraron que no permitirían la cesión de la soberanía del Canal.

Según la información disponible, la mayoría de los inmigrantes repatriados a Panamá provienen de países con relaciones diplomáticas tensas con EE.UU., como Irán, Afganistán y China. Se desconoce el plan del gobierno panameño. De momento, los alojan en hoteles.

Las opciones son dos: integrar a esta población en la sociedad panameña —lo que parece poco viable cultural y económicamente— o que, al no estar en suelo estadounidense, cedan a la presión y decidan regresar voluntariamente a sus países de origen.