La localidad zaragozana de Caspe lleva tiempo viendo como se degrada la convivencia. Un acontecimiento ha vuelto a poner en el foco sobre este problema. Un intento de agresión sexual ocurrido en 2021, en el que una joven logró salvarse activando un llavero con alarma acústica, evito que un pakistaní pudiese agredirla. El pasado martes 11 de marzo el agresor se sentó en el banquillo de acusados en la Audiencia de Zaragoza. La fiscalía solicita una sentencia por intento de agresión sexual.
La inseguridad avanza coincidiendo con el aumento de población extranjera, legal e ilegal. Esta cuestión se ha tratado entre vecinos y en juntas municipales. Especialmente durante las campañas agrícolas afluyen gran cantidad de inmigrantes. La Subdelegación del gobierno de Zaragoza incrementa el número de efectivos de las fuerzas de seguridad coincidiendo con estas campañas. Algo que no es causal.
El 31 de enero, alrededor de un millar de personas se manifestaron ante la oleada de robos con fuerza y violencia que sufren los negocios de la zona. La manifestación fue convocada por la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe y Comarca (APEC). El 7 de febrero hubo otra manifestación convocada por los vecinos que denunció la falta de servicios básicos y el aumento de la inseguridad. Una tercera manifestación fue convocada el 15 de marzo por los vecinos, pese a no contar con autorización. En esta convocatoria se denunció la oleada de robos, la mayoría de coches estacionados, y robos en viviendas. El último robo en domcilios tuvo lugar el 6 de marzo por parte de dos marroquíes, uno de ellos menor.
La alcaldesa, Ana Jarque, reclamó al Ministro del Interior, Fernándo Grande-Marlaska, una dotación permanente de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC). Junto al incremento de inmigrantes, se da la situación de que el 80% de la plantilla de los servicios de seguridad están de baja. Sólo hay 4 agentes en activo, de 12, para una población de más de 10.000 habitantes.
Los vecinos denuncian la facilidad con la que los delincuentes vuelven a las calles después de ser detenidos. Exigen que se tomen medidas al respecto, desmarcándose de filiaciones políticas en sus reivindicaciones.