En los últimos años, el precio de la vivienda en España no ha dejado de aumentar, dificultando cada vez más el acceso a una vivienda digna para miles de familias trabajadoras. A pesar de las reiteradas promesas por parte de los gobiernos, tanto nacionales como autonómicos, de ampliar el parque público de vivienda, la realidad dista mucho de esos compromisos.
Un ejemplo reciente es el caso del País Vasco. Lejos de apostar por la construcción de nuevas viviendas de protección oficial destinadas a familias, el Gobierno vasco ha optado por reconvertir locales comerciales (lonjas) en viviendas. Esta medida ha resultado en la creación de tan solo 49 nuevos hogares en una ciudad donde el fuerte aumento de la inmigración la ha convertido en la urbe vasca con mayor crecimiento demográfico. Esta actuación, más que una solución estructural, parece un simple parche que evidencia la desconexión de la clase política con los problemas reales de la ciudadanía.
Bilbao no es una excepción. La falta de vivienda pública es una tendencia generalizada en todo el país. Según el Observatorio de Vivienda Asequible, solo el 3,3 % del parque de vivienda en España es de titularidad pública, una cifra muy por debajo del 8 % de media en la Unión Europea.
El incremento sostenido de la población en las últimas décadas no ha sido acompañado de un aumento proporcional en la construcción de viviendas. Esta descompensación ha provocado una escalada en los precios del alquiler, especialmente en las grandes ciudades, donde la precariedad de la clase trabajadora se ha hecho cada vez más evidente. La pérdida de poder adquisitivo ha profundizado la brecha social, contribuyendo a un progresivo empobrecimiento de las clases populares.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2025, España contaba con un parque de 19.425.559 viviendas para una población de 49.077.984 personas. De esa población, 40 millones nacieron en España y 9 millones en el extranjero. Las previsiones del INE estiman que, en los próximos cinco años, la población de origen extranjero crecerá en unos 4 millones. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez solo prevé la construcción de 43.000 nuevas viviendas públicas, una cifra claramente insuficiente para afrontar el reto habitacional que se avecina.
En conclusión, las medidas anunciadas hasta ahora no son más que soluciones cosméticas que no abordan el problema de fondo. Acciones como la reconversión de lonjas o la construcción testimonial de viviendas sirven, en el mejor de los casos, para maquillar estadísticas y alimentar discursos políticos. Pero para las familias trabajadoras, lo que queda es una sensación de abandono y una realidad cada vez más asfixiante.
