El gobierno griego, liderado por el primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, del partido Nueva Democracia, ha endurecido su política migratoria. Un gran número de inmigrantes llega al país en situación irregular continuamente. Con los centros de internamiento de extranjeros saturados y desbordados, el gobierno ha decidido tomar una serie de medidas.
El viernes 11 de julio, el Consejo de los Helenos votó a favor de detener temporalmente todas las solicitudes de asilo de los inmigrantes que lleguen ilegalmente por mar desde África. La ley fue aprobada con 177 votos a favor y 74 en contra, y supone la suspensión durante 3 meses de las solicitudes de asilo. Además, permite repatriar rápidamente a inmigrantes que han arribado a las costas helenas de manera irregular.
Conjuntamente a esta nueva ley, se prevé construir un centro de recepción de inmigrantes en la isla de Creta, así como aumentar las patrullas marítimas. De esta manera, el gobierno espera mandar un mensaje a las mafias que se enriquecen mediante el tráfico de inmigrantes.
Por otra parte, el gobierno heleno está en negociaciones con el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), reconocido internacionalmente, y el de la Cámara de Representantes en Libia para disminuir y evitar las salidas de embarcaciones desde sus costas. La armada griega se ofrecería para cooperar en este cometido. Cabe mencionar que las rutas migratorias han hecho que en este país, destruido por la guerra civil y la intervención de la OTAN, resurja con fuerza el comercio de esclavos y la trata de personas.
Según ACNUR, al menos 19.000 personas han llegado a Grecia por ruta marítima desde Libia solo entre enero y junio, a lo que habría que sumar las llegadas desde otros países, como Turquía, por ejemplo.
La ley contempla penas contra la entrada y la estancia irregular en el país. El gobierno declaró que, solo el año pasado, de 74.000 personas detenidas por entrar ilegalmente en el país, solo fueron expulsadas 2.500. Ahora, la estancia ilegal estará penada con entre 2 y 3 años de prisión y 10.000 euros de multa. Las detenciones administrativas se aumentan, pasando de 18 a 24 meses. También se incrementa el veto a reingresar en el país para todos los expulsados, de 10 a 15 años.
El otro aspecto clave de la nueva ley es la supresión de la regularización por arraigo. Ya no podrán obtenerse permisos de residencia por haber estado viviendo en el país en situación irregular.
Por otra parte, el gobierno también declara que no aceptará a los inmigrantes ilegales de Alemania según el Reglamento de Dublín, argumentando que ya soportan una carga enorme. Este reglamento estipula que el primer país al que llegan los inmigrantes es el encargado de tramitar su asilo.
Según datos de ACNUR consultados por La Gaceta, las políticas migratorias del gobierno griego han logrado disminuir el número de llegadas por vías irregulares un 20 % el último año. Aunque, si bien las medidas contra la inmigración ilegal se están endureciendo y parece que surten efecto, el exministro de Exteriores Voridis manifestó que se tramitará un proyecto de ley para facilitar la inmigración legal en julio. En concordancia con los intereses de la patronal, el Banco de Grecia afirmó que la economía nacional necesitaba 200.000 inmigrantes.
Este mismo gobierno ya facilitó la inmigración legal con el Nuevo Código de Migración de 2023. Además, ese mismo año se procedió a regularizar a 30.000 inmigrantes ilegales. Al igual que se ha visto con la política migratoria claudicante de Meloni, el gobierno de Mitsotakis pretende solucionar la cuestión migratoria parcialmente, centrándose únicamente en la inmigración ilegal. Para estos líderes europeos, es difícil casar el electoralismo de la política antimigratoria con los intereses de la patronal, que requiere de la mano de obra extranjera para su propio beneficio.